Rebaja del marchamo 2024 se mueve en el terreno de la incertidumbre

La rebaja del marchamo 2024 que pretenden varios partidos de oposición en el Congreso entró de manera oficial en el terreno de la incertidumbre.

La división entre los diputados y la advertencia de Rodrigo Chaves de que vetará el proyecto si este genera un enorme hueco fiscal, pone al prometido alivio económico a un paso de morir en el desierto de las buenas intenciones.

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Asimismo, los partidos Nueva República y Unidad Social Cristiana quedan contra la espada y la pared, ya que de ellos depende que el Congreso evite el veto presidencial que anunció Chaves y que la rebaja del marchamo sea una realidad.

El PLN, el Frente Amplio y el Liberal Progresista anuncian que defenderán el proyecto que se dictaminó la semana pasada en comisión y que significaría una disminución en el impuesto a la propiedad de los vehículos que oscilaría entre un 20% y un 60%.

El plan en cuestión generaría, según cálculos de Eli Feinzaig, jefe del Liberal Progresista, unos ¢50 mil millones menos en la recaudación del Estado.

La idea, es llevar un poco de justicia social a los trabajadores, sobre todo porque el Estado ha mejorado sus cifras fiscales desde el 2018.

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Sin embargo, el presidente Chaves no está dispuesto a ceder en la recaudación y afirma que en realidad el hueco fiscal será de ¢118 mil millones.

En ese sentido, Chaves indicó que si el proyecto llega a su escritorio, él lo vetará.

Se trata de un mecanismo habilitado en la Constitución Política que permite al Presidente frenar cualquier proyecto de ley que aprueben los diputados.

La única forma de que el Congreso supere el veto es que al menos 38 diputados se opongan al veto del mandatario.

El problema para la oposición es que todo parece indicar que no lograrán sumar los 38 votos necesarios para oponerse al veto por medio del resello legislativo.

En primera instancia, la oposición solo cuenta con 31 votos, producto del apoyo legislativo del Frente, el Liberal Progresista y el PLN.

De esta manera, le tocará al PUSC y a Nueva República definir si la rebaja del marchamo aplica.

Hasta el momento, esos dos partidos se han manifestado en contra, al considerar que se trata de una irresponsabilidad fiscal.

“¿Cómo se va a compensar ese hueco fiscal? La disminución de ¢50 mil millones que señalan algunos diputados no es una cantidad insignificante. Seamos responsables por Dios. El PUSC no está en contra de una rebaja significativa; siempre hemos sido constructivos, consecuentes y responsables, pero no podemos aprobar proyectos que dejarán un hueco fiscal tan grande”, dijo Melina Ajoy, quien había presentado otra propuesta de ley.

El plan de Ajoy establecía una rebaja menos sustancial para los vehículos con bajo valor fiscal y aumentaba el costo del marchamo para los coches más caros.

De esta forma, se lograba un equilibrio que permitía a Hacienda no ceder en la recaudación y rebajar el marchamo.

En ese sentido, Fabricio Alvarado de Nueva República reiteró que su partido está dispuesto a negociar.

“Inicialmente nos inclinamos por el proyecto del PUSC porque cumple con la responsabilidad fiscal y la inversión en carreteras que tanto requiere este país para el mantenimiento (...) El hecho de que no hayamos votado a favor del proyecto que se dictaminó no significa que no estemos abiertos a analizar el tema”, dijo Alvarado.