Recorte de ¢2.543 millones para el Poder Judicial tiene bendición de diputados

Los partidos de oposición respaldan al Gobierno de Carlos Alvarado en sus intenciones de recortar ¢2.543 millones del presupuesto del Poder Judicial para el 2020 y si es necesario, estarían dispuestos a aprobar una nueva ley para garantizar la reducción de los pluses que disfrutan los trabajadores de ese poder de la República.

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La ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que establece una serie de ajustes en los pluses que devengan los burócratas y una regla fiscal -que limita el crecimiento del gasto-, no acepta excepciones, según los diputados de Liberación Nacional, Restauración Nacional y la Unidad Social Cristiana.

Lo único que lamentan los legisladores es que el dinero que se recortará podría afectar la lucha contra la corrupción, ya que el Poder Judicial tenía pensado usar el dinero para crear tribunales especializados.

“El Poder Judicial no fue transparente a la hora de pedir recursos para el 2020, ya que pidió un monto adicional para crear tribunales anticorrupción, cuando en realidad estaban pensando en mantener todos los pluses, incluido, el cálculo de la anualidad como un porcentaje, y no como un monto nominal como al resto de funcionarios públicos”, dijo Yorleny León, legisladora de Liberación Nacional.

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La medida extraordinaria, anunciada el martes por Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, responde a la negativa de los magistrados de la Corte Plena, de recortar los incentivos salariales que reciben los trabajadores de ese poder de la República, tal y como se señala en el plan fiscal.

El anuncio se da a pocas semanas de que se dé a conocer el Plan de gastos del Estado para el 2020, el cual tiene que ser aprobado por los diputados.

“Nosotros nos opusimos al plan fiscal, pero coincidido con el Gobierno que el espíritu del legislador al aprobar la ley en cuestión era cubrir a todos los empleados públicos y no hacer excepciones. Pienso que el Gobierno no debe dejar abierto el portillo de ninguna manera, ya que, de lo contrario, otras instituciones buscarán exonerarse del plan fiscal”, dijo Eduardo Cruickshank, jefe de Restauración Nacional.

Para exonerarse de dicho plan, el Poder Judicial alega independencia de poderes, así como que los diputados, al aprobar la nueva iniciativa, no derogaron varias leyes que cobijan a los trabajadores, según Rodrigo Campos, director jurídico de la Corte Suprema de Justicia.

En ese sentido, los legisladores estarían dispuestos a aprobar una nueva norma para aclarar los cabos sueltos que supuestamente quedaron.

Mientras tanto, Pedro Muñoz, legislador por el Partido Unidad Social Cristiana, aseveró que la Corte tiene que cumplir con todos los recortes de pluses contemplados en el plan fiscal.