Consulta popular ayudaría a identificar liderazgos y sectores o denunciar a partidos que se opusieron
Referéndum jaguar es una “catapulta política” para intereses de Rodrigo Chaves en elecciones 2026, según la oposición
Desarrollar obra pública, ahorrar casi $20 millones en alquileres al año y llevar el desarrollo y los empleos a Limón son los objetivos, según el gobierno
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Lunes 19 agosto, 2024
A casi un año de que arranque oficialmente la campaña presidencial 2026, la realización de un referéndum antes de la fiesta electoral sería “una especie de catapulta” para los intereses del proyecto político que impulsa el presidente Rodrigo Chaves, según cuatro partidos de oposición en el Congreso.
De hecho, la consulta popular que tanto promueve el mandatario no beneficia en nada a Costa Rica, y por el contrario, se eliminarían controles de fiscalización por parte de la Contraloría.
Esa es la lectura que hacen en estos momentos los legisladores del Frente Amplio, el PLN, la Unidad y el Partido Liberal Progresista.
Mientras tanto, el gobierno niega cualquier intento político-electoral y defiende la propuesta como beneficiosa para desarrollar obra pública, evitar que la Contraloría “cogobierne”, ahorrar casi $20 millones en alquileres del Estado al año y llevar el desarrollo y los empleos a Limón.
“Yo he dicho que al gobierno de la República no le interesa el referéndum per se, sino la oportunidad de ir a campaña electoral adelantada”, dijo Eli Feinzaig, diputado del Partido Liberal Progresista a LA REPÚBLICA.
Para el legislador, lo que realmente quiere Chaves con la consulta popular es perfilar un líder y sectores que podrían ayudarle a conformar un partido político.
Y es que en este momento, el chavismo no tiene casa propia, ya que rompió desde hace mucho tiempo con el Partido Progreso Social Democrático que lo llevó al poder.
“En varias ocasiones, hemos dicho con claridad que el instrumento del referendo es válido y conveniente para la democracia de un país, pero no cuando se usa con intereses políticos de por medio”, dijo Óscar Izquierdo, jefe de Liberación Nacional.
La Ley Jaguar del presidente Chaves implica un referéndum antes de las elecciones presidenciales de 2026 y se centrará solo en un puñado de temas.
Se trata básicamente de una reforma a la ley que regula a la Contraloría General para hacer más expedita la toma de decisiones, el desarrollo de Ciudad Gobierno y de la Marina y Terminal de Cruceros de Limón; asimismo, la propuesta modifica la ley de contratación administrativa y aclara normas y competencias de la Contraloría.
En estos momentos, no está claro si la consulta se podrá realizar, ya que no se ha definido si el contenido que se pretende aprobar por esta vía es legal.
En ese sentido, la Sala IV ya declaró inconstitucional una primera versión, mientras que el Departamento de Servicios Técnicos del Congreso señaló la semana pasada que la segunda versión que presentó el gobierno de Chaves sobre este tema también violenta la Constitución Política.
“Hacemos un respetuoso llamado al presidente para que deje la politiquería, para que deje las cortinas de humo como esta y se ponga a cumplir su deber de gobernar”, expresó Antonio Ortega, jefe del Frente Amplio.
Sin importar las críticas de los legisladores, la gran mayoría de costarricenses quiere ir a referéndum antes de las elecciones presidenciales de febrero.
Una encuesta de la empresa Opol Consultores para finales de junio determinó que el 39,5% de los ticos desea votar en el referéndum, mientras que un 23,2% se opone.
Esto implica que si la consulta popular no se realiza, el mandatario y sus seguidores podrían montarse en una campaña de denuncia contra la Sala IV y los diputados por evitar que “no se respete su derecho de ir a votar”, tal y como lo ha manifestado el presidente.
En ese sentido, el propio presidente Rodrigo Chaves ha señalado una y otra vez que los partidos de oposición que entraben el avance del referéndum serán castigados en las urnas en febrero del 2026.
Para el mandatario, esa sería la génesis de una futura “revolución pacífica con un lapicero”.
El presidente impulsa el referéndum por medio del mecanismo de iniciativa popular, que requiere la firma del 5% del padrón electoral y por medio de un proyecto en el Congreso que tiene que ser validado por 29 votos.
Mientras tanto, Pilar Cisneros, jefa de fracción del oficialismo en el Congreso, considera que el chavismo podría ganar en una primera ronda en 2026 y hasta alcanzar una cifra de 29 o más diputados y por ello, no es de extrañar el miedo que le tienen los partidos de oposición a la democracia.
“Si escogemos un buen sucesor, creo que perfectamente podemos ganar en la primera vuelta del 2026 y conseguir el 40% de los votos. La encuesta del CIEP de la UCR, que es dura con el gobierno, le da al presidente un 55% de apoyo”, dijo Cisneros.
La fecha máxima para convocar la consulta popular será el miércoles 30 de abril de 2025. Después de esa fecha, ya no será posible realizar el referendo, según el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
¿Estrategia política?
Las fuerzas opositoras en el Congreso dudan de las verdaderas intenciones del referéndum jaguar del presidente Rodrigo Chaves y señalan que su verdadero interés es político-electoral de cara a las elecciones presidenciales del 2026.
Vanessa Castro
Diputada
PUSC
El referéndum jaguar es un tema más que todo político-electoral para el presidente Chaves.
Se trata de una estrategia para posicionar sus temas y su nombre, y no tanto para beneficiar a los costarricenses, quienes están preocupados por la seguridad, el empleo y el costo de vida.
El presidente Chaves quiere imponer sus criterios con respecto a este tema a como dé lugar y se atribuye una representación que no le corresponde, al señalar que los costarricenses van a castigar a los partidos que se opongan al referéndum en las urnas, cuando la verdad es que los ticos tienen la posibilidad de escoger de manera libre y democrática.
En todo este proceso, Chaves busca desacreditar al Congreso, cuando en realidad somos un freno al abuso del poder.
Pilar Cisneros
Jefa de fracción
Progreso Social
No me da vergüenza reconocer que aquí, en la Asamblea, se pierde tiempo y que prevalecen los intereses de los partidos y los intereses personales sobre los intereses de la patria. Vea todo lo que ha pasado con el referéndum jaguar. Los costarricenses están observando lo que sucede y saben quiénes están entorpeciendo el desarrollo.
Si escogemos un buen sucesor, creo que perfectamente podemos ganar en la primera vuelta del 2026 y conseguir el 40% de los votos. La encuesta del CIEP de la UCR, que es dura con el gobierno, le da al presidente un 55% de apoyo.
Rodrigo Chaves y esta fracción están luchando por dejar un mejor país, por poner alimentos en la mesa de los costarricenses.
La patria y el bienestar de los costarricenses no se negocia.
Eli Feinzaig
Diputado
Liberal Progresista
Yo mismo he dicho que al gobierno de la república no le interesa el referéndum per se, sino la oportunidad de ir a campaña electoral adelantada.
Lo ha dicho el presidente de la República sin ningún reparo, que en caso de que haya referéndum, no hay prohibición y los ministros podrán hacer campaña.
Por otra parte, tenemos que recordar que el proyecto político del presidente no tiene partido político, por lo que a ellos les sirve ir a referéndum para ir identificando a las personas que eventualmente podrían conformar las estructuras de un nuevo partido de cara a las elecciones del 2026.
Óscar Izquierdo
Jefe de fracción
Liberación Nacional
Todo pareciera indicar que el referéndum jaguar es eminentemente electoral.
En varias ocasiones, hemos dicho con claridad que el instrumento del referendo es válido y conveniente para la democracia de un país.
Sin embargo, para implementarlo, debe usarse de manera adecuada y correcta, para temas que sean de fondo y trascendentes para un país y nunca con fines políticos partidarios.
Ya el referéndum ha sido cuestionado legalmente en dos ocasiones y no debería continuar, primero por la Sala IV y ahora por el Departamento de Servicios Técnicos del Congreso.
Lo que pasa es que aquí estamos frente a un interés político-electoral y no a promover beneficios para los costarricenses.
Antonio Ortega
Jefe de fracción
Frente Amplio
El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa nos dice lo que era un secreto a voces.
La ley jaguar no puede ser consultada por medio de un referendo porque la ley de referéndum no permite que se pueda decidir sobre concesiones o administración pública.
Es triste ver cómo este gobierno, pese a que tirios y troyanos le señalamos esta y otras inconstitucionalidades de la ley jaguar, ha seguido insistiendo, dejando claro que no tiene ningún proyecto país y que se les está acabando la gasolina para gobernar.
Hacemos un respetuoso llamado al presidente para que deje la politiquería, para que deje las cortinas de humo como estas y se ponga a cumplir su deber de gobernar.
Pablo Sibaja
Jefe de Fracción
Nueva República
Hemos sido notificados de que ciertos sectores políticos han señalado que la intención verdadera del Poder Ejecutivo con el referéndum es sembrar una semilla de división de cara a las elecciones nacionales del 2026.
Sin embargo, a lo interno de la fracción no hemos conversado este tema y a la fecha hay diversas opiniones sobre la consulta popular.
El partido Nueva República está evaluando el referéndum jaguar.
Carrera contra el tiempo
La ley de referéndum establece que una consulta popular solo se puede hacer seis meses antes, o seis meses después de una elección presidencial.
Sin embargo, también hay otros detalles que definen la fecha límite para organizar la consulta, de acuerdo con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
- 6 MESES El referéndum tiene que realizarse 6 meses antes, o 6 meses después de las elecciones presidenciales del domingo 1 de febrero de 2026
- DOMINGO 27 DE JULIO 2025 Fecha límite en la que se podría ir a votar en un referéndum, ya que el 1 de agosto de 2025 es un viernes y la ley obliga a realizar la consulta un domingo
- MIÉRCOLES 30 DE ABRIL 2025 Ley de referéndum establece que entre la convocatoria y la fecha de la votación, el TSE debe tener 3 meses para organizar la consulta. La fecha límite es el miércoles 30 de abril
