Será necesario acelerar todo lo que es preciso terminar a tiempo para que no se produzca un desfase muy grande entre la aprobación de los estudios de impacto ambiental, el refrendo de la Contraloría, y el plazo de ocho meses en el que los chinos aparentemente estarán listos para comenzar a trabajar

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Ruta 32 estará en la mira

El Gobierno deberá ser muy creativo y encontrar formas de trabajar a un ritmo que en general no es nunca el de las instituciones públicas, a fin de que se desarrolle de la mejor forma posible la construcción de la ruta a Limón.
Será necesario acelerar todo lo que es preciso tener terminado a tiempo para que no se produzca un desfase muy grande entre la aprobación de los estudios de impacto ambiental, el refrendo de la Contraloría, y el plazo de ocho meses en el que los chinos aparentemente estarán listos para comenzar a trabajar.
Si no encontramos forma de pisar el acelerador, el país entraría, una vez más, en la misma situación que se ha presentado en el pasado.
Las obras han sido muchísimo más caras de lo normal, porque ante la inobservancia de plazos por parte del Gobierno, la concesionaria empieza a aumentar los costos aduciendo diferencias en los insumos e incumplimiento de expropiaciones, entre otros.
No tenemos claro a la fecha qué indica en este caso el contrato correspondiente, pero lo mejor sería que no nos obligue a ir, como país, a un ritmo demasiado superior al que habitualmente llevamos, aunque este deba ser superado.
Debería por primera vez implementarse un sistema de trabajo con coordinación interinstitucional siguiendo directrices del Ejecutivo, que incluya rendición de cuentas y rendimiento adecuado en cada entidad que de un modo u otro esté comprometida con estudios o aprobaciones en el caso de la ruta 32.
El presidente Solís ha dicho “no hay necesidad de hacer una tormenta en un vaso de agua. El anteproyecto de la ampliación de la ruta 32 se debe ajustar a lo que el MOPT exija a la firma china CHEC”.
Sería realmente valioso que se haya encontrado una fórmula adecuada para que las cosas funcionen así.
Las experiencias de contratos pasados lamentablemente no han sido así y lo hemos pagado muy caro. Porque quien paga no es el Gobierno que se equivoca o se retrasa por mala gestión, sino los contribuyentes y la población en general.
Dineros perdidos en la espesa niebla del tiempo como en el caso de la famosa Trocha, en que no ha habido justicia pronta y cumplida o el caso Crucitas con todas sus consecuencias, por mencionar solo dos, significan dinero público que debería haberse utilizado para necesidades que están sin atender y que perjudican a los costarricenses.