Retrasos provocan multas de hasta $100 por contenedor

Sector productivo en alerta por huelga en Moín

Dos barcos quedaron sin descargar en el muelle, otros evitaron pasar por el puerto

Una solución rápida del gobierno abriendo los puertos de Moín y Limón, en huelga desde ayer, evitaría que el sector productivo deba enfrentar pérdidas millonarias por cancelación de contratos, debido a la imposibilidad de enviar sus bienes al exterior.
Por ejemplo, los piñeros podrían perder hasta $5 millones si no se logra una pronta solución. Esta cifra es el equivalente a un 25% de las exportaciones de piña de una semana.
Un día de retraso genera una multa de $100 por contenedor, y si se trata de depósitos refrigerados para preservar productos frescos, mantenerlos en esas condiciones son $100 adicionales por día.
El problema es que tras el anuncio de huelga, algunas navieras decidieron cancelar la llegada de sus buques a Moín para evitar retrasos, lo que produjo cancelaciones de contratos de exportación.
“Ayer había tres barcos en el puerto cuando dio inicio la huelga, y en acciones coordinadas con la naviera responsable, se logró atender uno de ellos. Los otros dos quedaron sin descargar”, confirmó Paulo Díaz, gerente general de Japdeva.
El sindicato de trabajadores de Japdeva se opone a la concesión del nuevo puerto de contenedores a una empresa privada y dijo que el movimiento se produce para exigirle al gobierno que en lugar de crear un monopolio privado, se abra a la competencia.
Los empresarios señalaron la importancia de que Limón cuente con una terminal moderna, que traiga desarrollo a la provincia, y clamaron para que el gobierno interponga acciones que pongan fin al cierre de los puertos.
Luis Guillermo Solís, presidente de la República, fue enfático al afirmar que se tomarán las medidas necesarias para poner fin al movimiento sindical. “Vamos a garantizar la seguridad y la legalidad. Limón es más que un puerto y está constituido por mucho más que un sindicato”, advirtió.
En la Asamblea Legislativa, diputados del Frente Amplio solicitaron que se anulara el proceso de evaluación del impacto ambiental de la nueva terminal. Uno de ellos, Gerardo Vargas, pidió que se aclare el punto del presunto monopolio de carga y descarga que tendría la empresa APM, encargada de la construcción y operación del nuevo puerto.

Rodrigo Díaz
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