Solo falta Escazú por resolver sobre la remuneración de su alcalde durante la suspensión

Solo queda pendiente que el Concejo Municipal de Escazú se pronuncie con relación a si le mantiene o no el salario a su alcalde, Arnoldo Barahona, mientras cumple la suspensión de seis meses impuesta por el Juzgado Penal de Hacienda.

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De los otros cinco alcaldes investigados en el caso Diamante, cuatro renunciaron a recibir salario y al otro se lo suspendió el concejo municipal mientras cumple la medida cautelar.

Alfredo Córdoba, de San Carlos; Alberto Cole, de Osa; Johnny Araya, de San José y Humberto Soto, de Alajuela –en ese orden– decidieron no cobrar por su propia voluntad y así se lo hicieron saber a sus concejos municipales.

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Por su parte, a Mario Redondo, de Cartago, se lo suspendieron los regidores, quienes solicitaron a la administración no pagarle por el tiempo que no labore.

En el caso de Escazú, el lunes el concejo municipal acordó, por mayoría simple, enviar a consulta ante la comisión de asuntos jurídicos una moción que pretendía la suspensión.

Ante ello, se deberá esperar a la comisión jurídica la analice y envíe su recomendación al Plenario municipal para su votación, detalló la oficina de Prensa del gobierno local.

Este martes, la Contraloría General de la República resolvió que, aun siendo electo por voto popular, si los alcaldes no pueden cumplir con sus obligaciones, la relación laboral se suspende y el patrono no estaría obligado a pagar el salario.

Los seis políticos son relacionados en el caso Diamante, una investigación cuya hipótesis es que formarían parte de una red de sobornos y dádivas para supuestamente favorecer a la empresa Meco con contratos de obras municipales.