Sospechosos de crimen organizado recibirían sanciones más fuertes
Natasha Cambronero redaccion@larepublica.net | Miércoles 27 mayo, 2009
Nuevas reglas podrán ser usadas en investigaciones que se están llevando a cabo actualmente
Sospechosos de crimen organizado recibirían sanciones más fuertes
• Plazo de las prescripciones y de penas de prisión preventiva serán mayores
Natasha Cambronero
ncambroneroq@larepublica.net
Una persona que lleva meses siendo investigada por su relación con el crimen organizado podría ser sancionada más fuertemente.
Con la entrada en vigor de una nueva ley que pretende combatir la delincuencia organizada, los imputados serían juzgados amparados en esta reglamentación, a pesar de que esta haya sido aprobada después de abierto el caso.
En este sentido, un juez podrá intervenir las llamadas telefónicas para resolver una investigación, acción que actualmente no puede hacer, pues la legislación no se lo permite.
Además de esta posibilidad, la ley Contra el Crimen Organizado también ampliará la prescripción de un caso, por lo cual en vez de ser el plazo de diez años, los nuevos estatutos dicen que será el mismo tiempo pero este comenzará a contabilizarce luego de las investigaciones.
Es decir, que si a una persona violó alguna ley y no se le ha juzgado en nueve años, su causa no se vencería al año siguiente, sino que el tiempo comenzará a correr hasta después de que empiece la investigación en su contra.
Asimismo, esta ley aplicará hasta 60 meses de prisión preventiva y no 30 meses como inicialmente se pretendía que fuera.
Otro de los aspectos que contemplará la nueva legislación serán las penas que un funcionario público tendrá que cumplir por intervenir en que una persona se haga de patrimonios o ingresos emergentes.
“Si un funcionario -—por citar un ejemplo- del Registro Público ayuda a pasar una propiedad de forma indebida tendrá que ir a la cárcel entre ocho y 18 años por cometer un delito de dolo, mientras que si un funcionario deja documentos en algún lugar donde no los tiene que dejar y esta acción obstaculiza una investigación judicial, su pena será de dos a seis años”, afirmó Olivier Pérez, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) y miembro de la Comisión de Seguridad, la cual dictaminó el proyecto.
De igual forma, estipula cuáles serán los delitos en los que se podrán intervenir las llamadas telefónicas o cualquier tipo de comunicación. La ley incluye el robo de autos, casas, saqueo de cuentas bancarias por Internet, entre otras.
Mientras que castigará a cualquier compañía de telecomunicaciones con la pérdida de la concesión si no brinda información de sus clientes a un juez o al Centro de Intervención de la Telecomunicaciones.
Uno de los puntos más importantes de la nueva reglamentación es que levanta el secreto bancario, para que el Instituto contra Drogas pueda congelar cuentas e intervenirlas sin previo consentimiento de un juez.
Los días para que este proyecto sea una realidad están contados, pues hoy o mañana comenzaría a discutirse en el Congreso para su aprobación y todo hace indicar que algunas investigaciones que están en los tribunales podrían ser resueltas amparadas en esta ley.
El lunes pasado la Comisión de Seguridad terminó el análisis de las mociones que las fracciones habían interpuesto sobre el texto sustitutivo.
Sospechosos de crimen organizado recibirían sanciones más fuertes
• Plazo de las prescripciones y de penas de prisión preventiva serán mayores
Natasha Cambronero
ncambroneroq@larepublica.net
Una persona que lleva meses siendo investigada por su relación con el crimen organizado podría ser sancionada más fuertemente.
Con la entrada en vigor de una nueva ley que pretende combatir la delincuencia organizada, los imputados serían juzgados amparados en esta reglamentación, a pesar de que esta haya sido aprobada después de abierto el caso.
En este sentido, un juez podrá intervenir las llamadas telefónicas para resolver una investigación, acción que actualmente no puede hacer, pues la legislación no se lo permite.
Además de esta posibilidad, la ley Contra el Crimen Organizado también ampliará la prescripción de un caso, por lo cual en vez de ser el plazo de diez años, los nuevos estatutos dicen que será el mismo tiempo pero este comenzará a contabilizarce luego de las investigaciones.
Es decir, que si a una persona violó alguna ley y no se le ha juzgado en nueve años, su causa no se vencería al año siguiente, sino que el tiempo comenzará a correr hasta después de que empiece la investigación en su contra.
Asimismo, esta ley aplicará hasta 60 meses de prisión preventiva y no 30 meses como inicialmente se pretendía que fuera.
Otro de los aspectos que contemplará la nueva legislación serán las penas que un funcionario público tendrá que cumplir por intervenir en que una persona se haga de patrimonios o ingresos emergentes.
“Si un funcionario -—por citar un ejemplo- del Registro Público ayuda a pasar una propiedad de forma indebida tendrá que ir a la cárcel entre ocho y 18 años por cometer un delito de dolo, mientras que si un funcionario deja documentos en algún lugar donde no los tiene que dejar y esta acción obstaculiza una investigación judicial, su pena será de dos a seis años”, afirmó Olivier Pérez, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) y miembro de la Comisión de Seguridad, la cual dictaminó el proyecto.
De igual forma, estipula cuáles serán los delitos en los que se podrán intervenir las llamadas telefónicas o cualquier tipo de comunicación. La ley incluye el robo de autos, casas, saqueo de cuentas bancarias por Internet, entre otras.
Mientras que castigará a cualquier compañía de telecomunicaciones con la pérdida de la concesión si no brinda información de sus clientes a un juez o al Centro de Intervención de la Telecomunicaciones.
Uno de los puntos más importantes de la nueva reglamentación es que levanta el secreto bancario, para que el Instituto contra Drogas pueda congelar cuentas e intervenirlas sin previo consentimiento de un juez.
Los días para que este proyecto sea una realidad están contados, pues hoy o mañana comenzaría a discutirse en el Congreso para su aprobación y todo hace indicar que algunas investigaciones que están en los tribunales podrían ser resueltas amparadas en esta ley.
El lunes pasado la Comisión de Seguridad terminó el análisis de las mociones que las fracciones habían interpuesto sobre el texto sustitutivo.