U públicas obligadas a repetir presupuesto de 2019 el próximo año

Las universidades estatales y el Consejo Nacional de Rectores (Conare) tendrán que repetir el presupuesto del 2019 el próximo año, luego de que la Contraloría General de la República archivara el plan de gastos presentado para el otro año.

La decisión del órgano fiscalizador se debe a que a los centros de enseñanza superior no incluyeron en el presupuesto una certificación de que cumplirán con la regla fiscal, la cual establece un límite al crecimiento de gastos de 4,67% para el 2020.

Lea más: Universidades estatales y Conare incumplen con requisito presupuestario, dice la Contraloría

En principio, esto haría que las universidades públicas reciban ¢1 mil millones menos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que el presupuestado para 2020; sin embargo, siempre podrán pedir dinero extra durante el otro año.

Por otra parte, el crecimiento de los pluses que reciben sus trabajadores iría a un ritmo superior a la contención del gasto que establece la regla fiscal para el resto del sector público.

Las universidades evitaron incluir la certificación adrede, argumentando que la autonomía universitaria no puede ser violentada por decisiones que se toman desde el Congreso y el Poder Ejecutivo.

Para el 2020, el presupuesto de las universidades públicas ascenderá a ¢511 mil millones, pero si se incluye a la Universidad Técnica Nacional, el monto final será de ¢545 mil millones. De ese dinero, un porcentaje por encima del 50% se pagará en salarios e incentivos.

Lea más: Universidades públicas tendrán presupuesto de ¢512 mil millones para 2020

“Nos resulta ocioso recordar respetuosamente que también es deber del ente Contralor velar por el cumplimiento del régimen constitucional que es aplicable a las instituciones de educación superior universitaria estatal”, se lee en la respuesta que firmaron cuatro de los cinco rectores de universidades públicas.

Las U estatales y el Conare habían presentado a la Sala Constitucional un reclamo para excluirse de los límites de la contención del gasto, los cuales se establecieron en la regla fiscal.

La intención de los legisladores y del Gobierno para contener el gasto corriente es mitigar el impacto del déficit fiscal, el cual puso al país al borde del abismo a inicios del 2018, cuando se registró una diferencia de 6% del PIB, entre los ingresos y gastos del Estado.

Esto hizo que los diputados aprobaran un paquete de impuestos que incluyó el IVA de 13% y que amplió la base contributiva a los servicios profesionales; asimismo, se realizó una serie de cambios con la renta para aumentar la recaudación. Se trató del primer cambio en tributos en 20 años.

Paralelamente, se insistió en la aprobación de varias medidas para contener el gasto estatal, como es el caso de la regla fiscal.

La Contraloría indica a las universidades públicas que tiene el mandato -tanto constitucional como en su ley orgánica- de analizar que los presupuestos sean formulados y presentados de conformidad con las disposiciones legales y técnicas, dentro de las cuales está la certificación que emita la Secretaría Técnica sobre el cumplimiento de la regla fiscal.