Industrias Infinito da plazo de seis meses para negociar con Gobierno

Ultimátum por caso Crucitas

Indemnización equivaldría a la compra de dos plantas hidroeléctricas

El proyecto de minería a cielo abierto busca resucitar. Esto, luego de que la empresa Industrias Infinito notificara al Gobierno para negociar lo que consideran un incumplimiento en su acuerdo con Canadá para la promoción y protección de inversiones.

Así lo dio a conocer Yokebec Soto, vocera de la empresa, quien afirmó que la compañía envió una carta para Anabel González, ministra de Comercio Exterior, con el objetivo de proponer una resolución amistosa.
En la misma, advierten que esperarán durante seis meses para negociar; de lo contrario, solicitarán una indemnización de $1.092 millones, monto que equivaldría a la compra de dos plantas hidroeléctricas como la de Pirrís, la cual beneficia a más de 160 mil familias en el país.
En la compañía alegan que el cobro de esta indemnización se desglosa en $92 millones por la inversión realizada hasta la fecha, sumados a $1.000 millones que se dejaron de percibir.
La empresa canadiense alega que hay un tema de inseguridad jurídica por resolver, y a su vez criticó que el Tribunal Contencioso Administrativo se trajera abajo la iniciativa, luego de que la Sala IV rechazara los recursos de amparo contra el proyecto Crucitas.
“Nosotros ya no encontramos ningún tipo de salida dentro del sistema jurídico costarricense. El sistema falló. Invitan a una empresa para venir al país y cambian las reglas del juego”, alegó Soto.
Ahora, la empresa buscará negociar un “acuerdo amistoso” con el Gobierno, donde su principal meta es revivir el proyecto de minería a cielo abierto en Crucitas.
No obstante, no descartan ceder a alguna propuesta económica.
De no llegar a un consenso, la discusión se enfrentaría a un arbitraje internacional en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Por su parte, Francisco Chacón, ministro de Comunicación, afirmó que es un poco prematuro para hablar de indemnizaciones y que lo primero será determinar si existe un mérito para el reclamo.
“El Gobierno está preparado para defender los intereses costarricenses”, comentó Chacón.

Luis Fernando Cascante
lcascante@larepublica.net