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(Video) Exministra Patricia Navarro será demandada por el gobierno por filtrar “grabaciones privadas”

Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Lunes 04 diciembre, 2023 06:04 p. m.


Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación. Archivo/La República,
Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación. Archivo/La República,


Por medio de un video compartido con la prensa, Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación, dio a conocer que Patricia Navarro, exministra de Comunicación, y el diario La Nación serán demandados por el gobierno.

Esto, por la filtración de varios audios privados en donde se asigna, supuestamente a dedo, contrataciones de asesoría para la empresa Nocaut que dirige el productor audiovisual Christian Bulgarelli.

La contratación por $300 mil se realizó gracias a una donación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y se le denominó “consultoría estratégica”. La designación se hizo por un concurso público que fue realizado por el BCIE.

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“La Nación se convierte en cómplice de un delito penal al publicar una conversación grabada ilegalmente y reproducida también de forma ilegal, por lo cual iniciaremos una denuncia penal contra la exministra Patricia Navarro y contra el diario La Nación", dijo Rodríguez.

La exfuncionaria, que renunció al cargo a los pocos meses de ser nombrada, señaló que empezó a hacer grabaciones a los dos días de ocupar el cargo porque, según ella, quería documentar lo que estaba pasando y porque se sentía usada.

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En ese sentido, Navarro detalló que la contratación en cuestión fue redactada por el mismo Bulgarelli para garantizarse su contratación.

En uno de los audios que dio a conocer Navarro, se escucha claramente al presidente Rodrigo Chaves pedir información sobre el dinero del BCIE para proveer servicios de comunicación a la presidencia, a la vez que señala que “tenía un montón de antojos” y que “quería pedir un par de chineos, de cariñitos”. Asimismo, Chaves pide confirmar si en el contrato se está contemplando a su asesor de imagen Federico Cruz.

El dinero del BCIE no se considera fondos públicos, de acuerdo a una resolución de la Procuraduría, quien señala que el $1 millón que da la organización al país todos los años es una donación.

La situación ha levantado un polvorín en el mundo político este lunes.


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