(Video) Funcionarios que ayuden al narco y crimen organizado no se librarán de la cárcel
Reforma a la ley establece figura de agravante, según propuesta del Frente Amplio
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Viernes 07 junio, 2024 08:39 a. m.
Los trabajadores del Estado que sean condenados por ayudar a redes de narcotráfico y crimen organizado no se librarán de la cárcel, según una propuesta de ley que presentó Ariel Robles, diputado del Frente Amplio.
La iniciativa establece penas de cárcel de tres a cinco años para funcionarios sin rango (hoy de 2 a 5 años sin agravantes).
De esta manera, en caso de condena por tráfico de influencias, se elimina la posibilidad de que los condenados se aferren a la ejecución condicional y eviten prisión.
El diputado @RoblesBarrantes del @FrenteAmplio presentó una propuesta que castigaría con más severidad a los funcionarios del Estado que ayuden a narcotraficantes u otras redes criminales @La_Republica https://t.co/Iis9SaK5k3 pic.twitter.com/EjJlpwlMjZ
— Esteban Arrieta (@estarrar) June 7, 2024
Por otra parte, cuando se favorezca a personas con condenas previas, indiciadas o en investigación, o si el funcionario que incurre en esas acciones es de alto rango, el agravante será de 5 a 10 años.
“Tenemos una alta participación indebida de diputaciones, viceministros, fiscales y personeros del Gobierno de la República en reuniones o nexos con organizaciones criminales. Aunque no han sido condenados por participar en estructuras criminales, deben establecerse nuevas tipificaciones para desincentivar y condenar penalmente a quienes, utilizando su cargo, beneficien de cualquier manera, directa o indirectamente, el narcotráfico o sus organizaciones,” dijo Robles.
En mayo de 2021, se dio a conocer que 13 diputados y exlegisladores tuvieron contacto con líderes de una supuesta banda narcotraficante.
Los integrantes de la banda registraron más de 30 visitas a la Asamblea Legislativa desde 2015 hasta 2021, cuando fueron detenidos.
Los investigados habrían invertido al menos $20 millones en lujosos bienes en Escazú, Santa Bárbara, Alajuela y Limón.
La tesis de la Policía Judicial es que la banda negociaba directamente la cocaína que trasegaba entre Colombia y Europa sin intermediarios, lo que les permitió obtener valiosos vehículos, quintas, apartamentos y hasta un motel valorado en $8 millones.
