Los costarricenses tenemos derecho a puertos, carreteras y ferrocarriles de primer mundo

¿Cómo recuperar la competitividad?

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) acaba de publicar su informe “Perspectivas Económicas de América Latina 2014: Logística y Competitividad para el Desarrollo”.
El documento contextualiza el desempeño de los países latinoamericanos respecto a otras naciones y regiones del mundo, estableciendo, entre otras cosas, cómo la carencia de infraestructura idónea afecta el desarrollo comercial de esta zona, así como que el mayor rezago está en las carreteras.
En el caso de Costa Rica, las malas carreteras constituyen una de las tres principales restricciones al negocio y causan aumentos de hasta un 100% en el precio de los bienes.
Es decir, la ineficiencia en infraestructura logística sobre el precio de los productos supera, por mucho, el monto de los aranceles. ¿Cómo justificar esto a los consumidores más pobres?
A manera de ejemplo, el informe indica que el precio del transporte para comercializar un kilo de tomates en Managua es casi un 25% del costo total. Además, el comercio regional se dificulta por falta de coordinación y problemas de información, por lo que a menudo los camiones de carga regresan vacíos a su lugar de origen.
Desafortunadamente, desde hace un buen tiempo Costa Rica ha perdido posiciones importantes en los rankings internacionales de competitividad, y en este último estudio, ocupamos el lugar 11 de 19.
Por otra parte, en el Informe Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, dado a conocer la semana pasada, también aparece la deficiente infraestructura como uno de los principales problemas del país, que se ubica en la posición 119 de 144 países en carreteras, y en la 115 de 144 en la calidad portuaria.
¿Hasta cuándo tendremos que lidiar con las irresponsabilidades e ineficiencias del puerto del Atlántico? ¿Con las carreteras y puentes que no se construyen o que están en pésimo estado y sin mantenimiento?
El problema no es el dinero, pues hay fuentes de financiamiento. No solo existen créditos aprobados por varias centenas de millones de dólares —que no se usan pero sí pagamos intereses—, sino que los fondos de pensión cuentan con casi US$11.000 millones con rendimientos muy bajos.
Tampoco es de estructuras jurídicas. Con voluntad política se pueden usar fideicomisos de obra pública, concesiones, iniciativas privadas, BOT y BOO. Los proyectos existentes bajo esas modalidades son altamente exitosos.
El problema es de gestión, capacidad política y seguridad jurídica. El terror de un inversionista es que los demagogos de siempre y la “bochinchecracia” trunquen los proyectos, con los consecuentes daños y perjuicios.
Ejemplo perfecto de ello es la carretera a San Ramón y el “Foro de Occidente”.
Si sabemos que el desarrollo de infraestructura pública genera miles de empleos y crecimiento económico, ¿qué estamos esperando?
Los costarricenses tenemos derecho a puertos, carreteras y ferrocarriles de primer mundo.

David Gutiérrez Swanson

davgutswa@gmail.com
 

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