El desarrollo del país y las necesidades más urgentes del sistema eléctrico
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Martes 25 junio, 2024
Anelena Sabater, Economista
Lizandro Brenes, Economista
Es urgente aumentar y diversificar las inversiones en generación de energía.
En marzo anterior, el gobierno presentó la estrategia que pretende convertir a Costa Rica en un hub regional para la industria de semiconductores, manufactura que es intensiva en el uso de electricidad. En sintonía, la estrategia de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) para el 2026 planteó en junio de 2023, la meta de atraer $12.950 millones en Inversión Extranjera Directa (IED) dentro de los cuales deben encontrarse 70 proyectos fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM). Aunado a ello, la Dirección de Planificación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) señaló en abril que la demanda eléctrica nacional ha venido creciendo a un ritmo de entre 4% y 4,9%. Con ese ritmo, el ICE proyecta que para el 2040, la demanda eléctrica de energía será de 18.029 Gigavatios hora (GWh), un 47% más de la energía eléctrica que demandó el país para el cierre del 2023 (12.291 GWh).
La última medición de emisiones de dióxido de carbono (CO2) del 2017 demostró no solo que el país está lejos de lograr la Contribución Nacionalmente Determinada (compromiso del Acuerdo de París), si no que al ritmo al que han venido creciendo dichas emisiones, al 2030 se habrán más que duplicado.
La pregunta ineludible es: ¿De dónde vamos a sacar la electricidad para atender el crecimiento de la demanda, las industrias del futuro y para descarbonizar la economía vía electrificación del transporte y de los procesos industriales que hoy se realizan con combustión?
La matriz eléctrica actual es insuficiente.
Según el informe anual 2023 de la División Operación y Control del Sistema Eléctrico (DOCSE) del ICE, el país tiene 517 plantas de generación eléctrica con una capacidad instalada en placa de 3.499 megavatios (MW), de los cuales un 68% corresponde a hidroelectricidad, un 12% a generación eólica, 11% termoelectricidad, 7% a geotermia, 2% biomasa y solar solamente un 0,2%; el ICE es dueño del 69% de esta capacidad, los generadores privados poseen un 17% y las empresas distribuidoras el restante 14%. Con esta capacidad instalada se produjeron 11.939 GWh en ese año, donde nuevamente, el Grupo ICE domina la producción con un 73%, los privados un 18% y el resto de las distribuidoras un 9%. Lo anterior, debemos recordar, en un esquema de monopsonio designado por ley al ICE (comprador único de la energía que se produce en el país) y donde la generación privada posee un tope de hasta el 30% de la potencia total del sistema eléctrico (capítulo I y II de la ley 7200).
Asumamos por simplicidad, una relación uno a uno entre capacidad instalada y producción: significa que cada MW instalado produce en promedio 3,4 GWh; esto significa que, solamente para lograr la estimación de demanda del ICE, debemos aumentar la inversión en plantas de generación hasta lograr una matriz 51% más grande (1.785 MW de potencia adicionales). Agreguemos a la ecuación un 100% de transporte eléctrico o las metas de atracción de IED en industrias como la de semiconductores, la pregunta país se torna en: ¿de dónde vamos a obtener esta energía?
Sin embargo, durante los primeros meses de este año la visión estratégica para el sector eléctrico se tornó en una cuestión aún más básica: la seguridad energética. A duras penas se logró atender la demanda eléctrica producto de un fenómeno del niño exacerbado con una matriz hidráulica dependiente que envió señales urgentes para su diversificación y un crecimiento de la demanda rebosante que en ninguna circunstancia debe verse como algo negativo.
Para la descarbonización se requiere de energía barata.
Además, si se quiere electrificar los procesos de la industria y el transporte no basta con aumentar y diversificar la matriz, se tiene que contemplar el filtro de competencia de toda nueva inversión en generación de electricidad (pública, privada o en conjunto). De hecho, en el 2023, el Grupo ICE propuso ante la ARESEP la “tarifa de descarbonización” estimándola en ese entonces de entre 5 a 7,1 centavos de dólar por kWh y aun así, apenas sería asequible para sustituir algunas calderas de combustión (6 centavos de dólar por kWh) y aun lejana para la producción de hidrógeno (entre 2 a 5 centavos de dólar por kWh).
Es lamentable que hayamos pasado de proclamar hitos mundiales por la generación eléctrica casi 100% renovable a apenas salir airosos de posibles racionamientos, con una matriz dependiente de plantas térmicas y de la importación de energía (lo cual resulta más oneroso) debido a la escasez de lluvias.
Lo peor, sin embargo, es seguir pensando en el corto plazo. Por lo tanto, más allá de los riesgos que todo proceso de modernización conlleva, el precio de no hacer nada es más caro: inseguridad energética, la imposibilidad de atender a las industrias del futuro y no poder heredar un ambiente más limpio a las nuevas generaciones.