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El Ejecutivo cuenta con todas las herramientas jurídicas para prorrogar las concesiones de radio y TV, Andrés Quintana, Canara

Falta de claridad en política pública genera inseguridad jurídica, según empresario

Andrei Siles asiles@larepublica.net | Viernes 05 abril, 2024 02:00 p. m.


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Cortesía-Canva/La República


Desde que inició la administración Chaves Robles, la Cámara Nacional de Radiodifusión (Canara) solicitó una audiencia con el presidente de la República, que hasta el momento no ha tenido respuesta, según Andrés Quintana, presidente de la Comisión de Asuntos de Gobierno de esta organización.

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Asimismo, pese a que los radiodifusores pagan impuesto de renta, cargas sociales y todos los demás tributos que paga cualquier empresario, reconoce que los montos anuales por administración de frecuencias están desactualizados, pero que la única forma de que esto cambie es a través de una reforma de ley.

Aunque esta opción actualmente se discute en el Congreso y se esperaría que se convoque en las sesiones extraordinarias el próximo mes, el Ejecutivo también cuenta con la potestad para presentar su propia propuesta, opina el representante de Canara.

¿Cuál es su opinión ante el aparente limbo en el que afirma estar el Poder Ejecutivo sobre la imposibilidad de tomar una decisión, de momento, respecto a una eventual renovación o realización de concurso en torno a las frecuencias de radio y televisión?

No existe limbo alguno. El Poder Ejecutivo cuenta con todas las herramientas jurídicas para prorrogar las concesiones, incluso le informó formalmente a la SUTEL cuáles son los requisitos que debe tomar en cuenta para hacer su recomendación técnica.

Estos son estar al día con los impuestos, haber presentado la solicitud de prórroga 18 meses antes del vencimiento del plazo de las concesiones y no haber sido sancionado. Igualmente, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de realizar una licitación pública.

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El tema es que, si se revisa el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, el Gobierno no plasmó en este instrumento la política pública relacionada con el tema y esto genera una gran inseguridad jurídica.

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