Estilo autoritario y de confrontación de Rodrigo Chaves frena avances en la política social apunta estudio de la UNA
Se señala también la intención de debilitar a la Contraloría General de la República
Tatiana Gutiérrez Wa-Chong tgutierrez@larepublica.net | Jueves 12 septiembre, 2024 01:14 p. m.
El lenguaje autoritario y las constantes confrontaciones del presidente Rodrigo Chaves con otros poderes de la República están retrasando la ejecución de políticas, afirma un estudio dado a conocer por la Universidad Nacional.
En campos como el educativo y el ambiental no existe una ruta hacia una política clara y efectiva.
“Mantenerse firme en sus posiciones es parte de la estrategia presidencial, donde la interpelación es directa y con muy pocas posibilidades de poder alcanzar acuerdos”, manifestó Carlos Carranza, analista y politólogo de la UNA.
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En el caso del Poder Judicial, las críticas se dirigen hacia sus distintas instituciones: desde la Corte Plena, hasta la Sala Constitucional y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
En este contexto, el estudio determina que se ha instaurado un modelo económico, “donde la inversión social pasa a ser un elemento subsidiario dentro de la lógica de las políticas de Gobierno”.
Aunque desde el Ministerio de Hacienda se han hecho esfuerzos por reducir el déficit fiscal, no existe una estrategia clara que permita establecer objetivos concretos.
“La deuda que existe hacia los sectores con menos acceso a oportunidades es mayor y tendrá repercusiones en los próximos años, no solo con un apagón educativo, sino con una parálisis de una parte del sistema educativo y social”, indica el análisis.
Problemas en la reinserción escolar, la falta de formación de personal académico, el retraso en la introducción de nuevas tecnologías para el proceso de enseñanza y el poco fomento de la lectura, son parte de los síntomas que se están percibiendo.
A esto se suman los problemas en la implementación de una estrategia hacia el bilingüismo y la reducción constante en los recursos que se destinan a financiar la educación pública, y que abarca la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior.
La inseguridad, principal preocupación de los costarricenses, muestra indicadores preocupantes, con 406 crímenes que el OIJ ha vinculado con el crimen organizado y con el asesinato de 40 mujeres, de las cuales, 14 se han catalogado como femicidios.
