La lucha contra el lavado de activos requiere el compromiso de las empresas privadas

Tatiana López

Contralora

Portafolio Inmobiliario

Con un valor total de 3.4 mil millones de dólares en 2020, el lavado de activos representa un desafío económico de proporciones en Centroamérica. La colaboración activa de las empresas privadas puede marcar la diferencia en la lucha contra este flagelo en la región.

El lavado de activos representa una amenaza global que trasciende fronteras y sectores. En la región centroamericana esta problemática no es ajena, y es necesario que las empresas privadas asuman un papel activo en su combate.

La ubicación geográfica de nuestra región sirve de puente para el narcotráfico y otras actividades criminales, debido a ello el lavado de activos se ha vuelto un problema creciente. Según la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD), en 2022 Costa Rica registró 718 actividades sospechosas, las cuales generaron 290 informes que fueron enviados al Ministerio Público, autoridad judicial que debe hacer la valoración pertinente para determinar la ilegalidad. Estas operaciones sospechosas se traducen en más de 222.000 millones de colones.

Además, datos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en 2020, se reportaron 502 casos de lavado de activos en la región centroamericana, con un valor total de 3.4 mil millones de dólares. Estas cifras son alarmantes y subrayan la urgente necesidad de abordar el problema.

El lavado de activos afecta la economía de un país y, en última instancia, la región entera. En 2020, se estimó que el lavado de activos equivalía al 2.7% del PIB de Centroamérica, lo que representa un impacto significativo en la economía regional.

Las empresas que se comprometen en la lucha contra el lavado de activos demuestran responsabilidad social y ética. Esto fortalece su imagen ante clientes, inversionistas y la sociedad en general. Según una encuesta de Edelman Trust Barometer, el 70% de las personas considera importante que las empresas tomen medidas para abordar problemas sociales como el lavado de activos.

De lo contrario, las organizaciones pueden enfrentar sanciones legales y pérdida de reputación. En Costa Rica, la Ley 7786 establece obligaciones específicas para prevenir el lavado de activos, y el incumplimiento puede conllevar multas y sanciones graves.

Además, el lavado de activos distorsiona la competencia leal en el mercado y puede llevar a la concentración de poder en manos de actores criminales. La participación activa de las empresas privadas en la prevención de este delito contribuye a mantener un entorno empresarial transparente y equitativo.

Para lograrlo, es necesario invertir en la formación del talento humano en relación con la prevención del lavado de activos. Esto garantiza que las personas colaboradoras sean conscientes de las señales de alerta y de cómo informar actividades sospechosas.

Asimismo, las empresas deben establecer políticas y procedimientos que cumplan con las regulaciones de prevención del lavado de activos. Esto incluye la debida diligencia en la identificación de clientes y socios comerciales, así como la presentación de informes a las autoridades competentes.

El lavado de activos es un desafío complejo que afecta a toda la sociedad en Centroamérica, y Costa Rica no es una excepción. La participación activa de las empresas privadas en su prevención es esencial para garantizar la estabilidad económica, la integridad del mercado y la reputación corporativa. La colaboración entre el gobierno, las autoridades y el sector privado es la clave para abordar eficazmente este problema en Costa Rica y en toda la región. La lucha contra el lavado de activos es una responsabilidad compartida que solo puede abordarse con un compromiso unificado de todos los actores involucrados.