Mantener a las motos disfrazadas de bicicletas sin regulación es irresponsable: Roberto Guzmán de Chepecletas
Gobierno valora dejar sin revisión técnica, marchamo y licencia a estos vehículos para no afectar a conductores de delivery
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Viernes 05 julio, 2024 03:11 p. m.
Mantener a los conductores de bicicletas asistidas, o bicimotos, sin licencia de conducir, inspección técnica vehicular y marchamo es irresponsable, según Roberto Guzmán del colectivo Chepecletas.
El Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) considera que se debe tomar en cuenta el “impacto socioeconómico” de imponer requisitos a este tipo de vehículos.
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Cindy Coto, directora ejecutiva del Cosevi, manifestó que se ha hecho un análisis del tema y que pronto se dará a conocer la resolución del gobierno.
“Es necesario exigir que las bicimotos que se importen tengan un límite de velocidad de fábrica. Después de un límite determinado, se deben importar y vender como motocicletas y, por lo tanto, las personas que las adquieran deben contar con licencia y cumplir las normas respectivas para circular”, dijo Guzmán.
La ley actual establece que todo vehículo de dos ruedas que tenga pedales es una bicicleta, sin importar si son electroasistidas o funcionan con gasolina.
En el último año y medio, estos vehículos se han hecho notar por su gran cantidad en las calles. Su bajo costo, por debajo de ¢500 mil en algunos casos, ha impulsado un crecimiento exponencial.
Asimismo, miles de personas han encontrado trabajo gracias a las aplicaciones de entrega de comida como Uber Eats, DiDi y Pedidos Ya, impulsados por estos vehículos.
Para el experto, al tratarse de algo inevitable (y que seguirá creciendo), lo que se debería hacer es garantizar las mejores condiciones para quienes se dedican a la entrega de productos a través de plataformas y usan estos vehículos.
“No hacer nada es irresponsable. Es necesario entrarle al tema cuanto antes. Cuanto más tiempo pase, más personas estarán exponiéndose en la calle, más personas lesionadas y más muertes en carretera que podrían ser evitadas”, finalizó Guzmán.
La preocupación se debe a que Costa Rica vive literalmente un baño de sangre por los accidentes de tránsito.
En 2022, el país registró 847 personas fallecidas por culpa de un choque, vuelco o exceso de velocidad, entre otras causas. El año pasado, la cifra ascendió a 855, de acuerdo con las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que a diferencia de la Policía de Tránsito, sí le da seguimiento a las personas que quedan malheridas después de un evento.
