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Proyecto de fondo de avales resolverá críticas de su última versión

Ronny Gudiño ronnygudino.asesor@larepublica.net | Miércoles 03 febrero, 2021 11:39 a. m.


Mujer de rosado
Pilar Garrido, ministra de Planificación. Archivo/La República


El nuevo texto del proyecto de fondo de avales que se presentará hoy, dará marcha atrás a algunos de sus cambios impopulares en la versión previa.

"Regresa a la figura del fideicomiso, el cual será administrado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) sin ningún costo; otro tema importante es que se regresará a la cobertura del 70% en perdida esperada, lo que potencialmente nos permitiría cubrir cerca de $3 mil millones en créditos", dijo Pilar Garrido, ministra de Planificación a Monumental.

Y es que el fideicomiso para la administración de los fondos era una idea planteada originalmente, pero en la última versión, se decidía más bien que el dinero entrara a la Caja Única del Estado, y el programa estuviese a cargo del Ministerio de Hacienda, por medio de un consejo liderado por el jerarca de Hacienda más dos miembros externos que nombraría el Gobierno de Carlos Alvarado; aspecto criticado por los Servicios Técnicos de la Asamblea.

A su vez, otra de las fuertes críticas de la versión anterior era que se cambiaba el avalar solo el 60% de la perdida esperada (valor esperado de pérdida por riesgo crediticio en un horizonte de tiempo determinado, resultante de la probabilidad de incumplimiento), aspecto que volverá a ser del 70%.

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"Se plantea una regulación que para los créditos contenidos en los avales, se lleve un proceso diferenciado en lo que es la revisión de la capacidad de pago, con la finalidad de favorecer a las empresas afectadas por la pandemia del Covid-19", agregó Elián Villegas, ministro de Hacienda, a Monumental sobre otro de los cambios.

El fondo de avales cuenta con un financiamiento de $300 millones del BCIE y cubrirá moneda local y en dólares.

Mediante esta figura se busca facilitar financiamientos para capital de trabajo y readecuación de deudas para empresas y personas con actividades productivas afectadas, siempre y cuando aseguren mantener el empleo.

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A su vez, el Gobierno fungiría como algo semejante a un fiador, para dar confianza a los bancos, ya que con el aval del Estado se reduce el riesgo del crédito percibido por los intermediarios financieros.


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