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Jueves, 18 de julio de 2024



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PUSC desautoriza a 7 diputados de su partido por apoyar referéndum de Rodrigo Chaves

El partido hizo una consulta a las bases para tomar una decisión formal que aún no se conoce, según el comité ejecutivo.

Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Domingo 23 junio, 2024 09:00 a. m.


Elaboración propia/La República.
Elaboración propia/La República.


Al considerar que los diputados se precipitaron, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) desautorizó a un grupo de siete diputados.

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Esto porque los legisladores indicaron que estaban a favor del referéndum del presidente Rodrigo Chaves mediante un video que fue divulgado en las redes sociales de la bancada.

“Tanto el Comité Ejecutivo Nacional como el Consejo Político del PUSC han manifestado su apoyo a un proceso de consulta de las bases que no ha concluido. De ahí que el comité estima que el pronunciamiento hecho por la fracción legislativa del partido a favor del referéndum es precipitado”, indica un comunicado de la agrupación.

La idea de los líderes del PUSC es que las bases del partido se pronuncien.

En el video, varios legisladores como Marta Carballo y Horacio Alvarado señalan que ellos sí están de acuerdo con la consulta, a pesar de que en el mismo video también hablan sobre la necesidad de pedir la opinión a toda la dirigencia.

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La Ley Jaguar para el Desarrollo Nacional que presentó el presidente Chaves en días pasados implica un referéndum antes de las elecciones presidenciales del 2026 y se centrará solo en un puñado de temas. Se trata básicamente de una reforma de la ley que cobija a la Contraloría General, el desarrollo de Ciudad Gobierno y la Marina y Terminal de Cruceros de Limón.

La propuesta de ley modifica la ley de contratación administrativa y aclara normas y competencias de la Contraloría General.

En caso de que la Asamblea no le dé los 29 votos que se requieren para avanzar con la consulta, se hará el referéndum por medio del mecanismo de iniciativa popular, por lo que se buscará la firma del 5% del padrón electoral.

En este caso, el gobierno estaría en una carrera contra el tiempo para avanzar con el plan.

La propuesta ha sido cuestionada por Marta Acosta, contralora general, porque supuestamente reduce la fiscalización.


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