10% a las municipalidades

La propuesta oficialista en torno a transferir fondos a las municipalidades (incluyendo las competencias y obligaciones correspondientes) es importante, constitucional y va en el camino correcto.
El mandato constitucional (artículo 170) evidencia una reforma del Estado, trascendente y decisiva, que ha sido ignorada por la mayor parte de los actores políticos.
Es un programa obvio de descentralización, que debe ser cumplido y acatado. Quizás la propuesta oficial ha sido la mejor de las respuestas al mandato constitucional que lleva tres lustros de evasivas.
La ley aprobada es de imposible cumplimiento, pues pareciera que se ha concebido dentro de criterios centralistas y sujetos a la inercia de hacer mal las cosas para no tener que ejecutar los mandatos expresos.
Quizás la idea de combinar los ingresos por impuestos a los combustibles con el plan de descentralización municipal es una valiosa idea, sin perjuicio de que deba discutirse, deliberarse y perfeccionarse (que para eso están los debates nacionales y la función legislativa).
El mandato constitucional consiste en transferir a los municipios el 10% del presupuesto nacional, con el equivalente en competencias del Poder Ejecutivo.
El artículo transitorio de este mandato constitucional (que preceptúa tractos de un 1,5% del presupuesto por año, con una ley de transferencia de competencias) ha sido de imposible ejecución y el pretexto para no hacer nada.
De manera que la propuesta de hacer algo ya es ganancia. Lo sorprendente es la mala reacción de algunos medios que lanzan campanas al vuelo alegando ruina de las finanzas públicas. La verdad es que si el dinero se gasta bien, no habrá ruina. Si la descentralización se realiza bien, tampoco habrá ruina.
No hay evidencia ni prueba de que los municipios lo vayan a hacer más mal que lo que lo ha hecho el Poder Ejecutivo. Basta ver los dineros no ejecutados por parte del MEP o cómo ha pagado doble aguinaldo a más de 1.000 personas, por ejemplo. Igualmente, las complicaciones que ha tenido el MOPT para ejecutar las mismas partidas.
Los municipios deben cambiar, el plan está jurídicamente trazado y la posibilidad existe. La centralización gubernamental y el desarrollo de las instituciones autónomas han llevado a la postración. El camino municipal tiene la ventaja de ser democráticamente correcto y la potencialidad de ser una vía adecuada en el mundo entero. ¿Faltan habilidades y capacidades? Solo el uso y el enfoque ciudadano lo proveerá.
Quizás, además, sea la vía correcta para suscitar en los ciudadanos más atención por la institución municipal, para estimular la más intensa participación y para enfrentar directamente los retos del desarrollo.
En el ámbito municipal se da la ventaja de que es posible una mayor fiscalización ciudadana y, asimismo, existen jurídicamente los institutos que facilitan una participación integral e intensa de los vecinos interesados. Ello es importante.

Federico Malavassi

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