El control de los costos y el mejoramiento de la productividad no son labores difíciles para los entendidos en la materia

La calidad universitaria y sus costos

La discusión alrededor de los costos y la productividad en la educación superior gira, más que en la importancia de invertir en ella, en la conveniencia de que esa inversión sea estratégica.
Los investigadores del Centro Nacional para Sistemas Gerenciales de la Educación Superior en Estados Unidos (NCHEMS) indican que el financiamiento es la herramienta más poderosa que tiene el Estado para asegurarse que las universidades cumplan con una serie de indicadores de desempeño y que adopten mecanismos eficaces de rendición de cuentas, con miras a lograr los beneficios públicos que se esperan.
Para mejorar los mecanismos de financiamiento de la educación superior se debe disponer de los datos que se requieren para la toma de decisiones.
El control de los costos y el mejoramiento de la productividad no son labores difíciles para los entendidos en la materia, aun en instituciones públicas muchísimo más complejas y grandes que las costarricenses.
A manera de ejemplo, existe una base de datos de libre acceso por Internet, IPEDS (Integrated Postsecondary Education Data System), que reporta, con lujo de detalles, los indicadores financieros más importantes de las universidades que reciben financiamiento estatal en Estados Unidos.
Los datos son utilizados por organizaciones no gubernamentales, como el Delta Project y el Measuring Up, así como por las asambleas legislativas estatales, para estimar el costo total de la educación por grado y nivel académico; el porcentaje del costo total de la educación que paga el estudiante por concepto de matrícula; el subsidio que recibe cada estudiante por parte del Estado; el porcentaje de los gastos que se cubren con el pago de la matrícula; el número de títulos, certificados y otros diplomas otorgados en relación con el número de alumnos de tiempo completo matriculados por año académico; la tasa de graduación por cohorte; y muchos otros indicadores de desempeño más.
Sin contar con estos indicadores, Costa Rica continuará canalizando todos los recursos para la educación superior hacia las instituciones que menos alumnos reciben, hacia las universidades que subsidian la educación de miles de alumnos que no lo requieren.
Continuará dejando en manos de las instituciones que operan con mayores costos por estudiante la administración de los dineros del Estado. Sin datos sobre costos y productividad, seguirá destinando dineros públicos a los proyectos prioritarios para las universidades, pero no necesariamente prioritarios para el país.
Al no tener que rendir cuentas sobre su eficiencia y productividad, las universidades estatales continuarán seleccionando a los alumnos académicamente mejor preparados, sin preocuparse por el futuro de los estudiantes de escasos recursos cuya suerte los destinó a egresarse del poco riguroso sistema educativo de primaria y secundaria público.
Por todas estas razones, este mecanismo de financiamiento debe cambiar.

Silvia Castro

Rectora de ULACIT
 

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