Abogados Fast Food

VERICUETOS
Abogados Fast Food

La Corte Suprema de Justicia dejó saber hace unos días el resultado de los exámenes de admisión a la carrera judicial para llenar las plazas vacantes de jueces de la República: ¡todos los concursantes perdieron el examen de conocimientos generales del Derecho!
La situación, dramática por sí misma, lo es mucho más porque es sintomática del deterioro de prácticamente todos nuestros indicadores sociales.
A pesar de que existen universidades que preparan excelentes profesionales, no es menos cierto que en otras la calidad de la educación, que era nuestro trapito de dominguear, decae estrepitosamente ante las condiciones prevalecientes en su particular segmento de mercado, mayoritariamente compuesto por consumidores que demandan un título obtenido rápidamente y con el menor esfuerzo, al mejor estilo de las recetas fast food, y una oferta cuyo compromiso se reduce a un predicado sin contenido.
Claro que en la otra acera están las universidades que educan con responsabilidad y el compromiso de una formación eficiente.
El país debe hacer un esfuerzo por garantizar los ingredientes necesarios para que la preparación de futuros abogados, médicos y de las otras profesiones que tienen tanta repercusión social, se conduzca por caminos de excelencia y máxima exigencia.
El Colegio de Abogados, que tan exitosamente está siendo conducido por la actual Junta Directiva, debe exigir a la Asamblea Legislativa las reformas legales para instaurar sin dilación el examen de incorporación y debe promover programas de educación y mejora continua mediante los sistemas de puntaje anual obligatorio.
Una acción depuradora del Colegio obligará a las facultades a potenciar la excelencia en la enseñanza so pena de acumular graduados que no puedan ejercer.
Las universidades deben garantizar la calidad de la educación, que debe comenzar por asegurar que todos sus educadores cuenten con los mejores atestados y que cumplan con programas internos de preparación en la docencia. Es indispensable que se establezca un escalafón de profesores basado en parámetros tan objetivos como años de experiencia en el ejercicio profesional y la docencia, grado académico, investigaciones y publicaciones, etc. y debe exigírseles disponibilidad y dedicación en tiempo y ejecutorias.
Aunque así dicho pueda interpretarse como odiosamente discriminatorio, lo cierto es que cualquier enfoque depuratorio, que por supuesto solo puede tener como condicionante la calidad, debe orientarse a revisar el desempeño de múltiples mini-universidades de garaje, muy especialmente las de zonas alejadas donde la contratación de profesores preparados representa un reto.
Los diputados a la Asamblea Legislativa deben asumir este tema con la responsabilidad que merece, sin consideraciones electoralistas y aprobar con la premura que las circunstancias exigen el examen de incorporación al Colegio de Abogados, única forma de dejar en el camino a los abogados fast food.