Desde el momento en que se rebajan los estándares educativos costarricenses por presiones y motivos políticos, el país entra a un sendero cuesta abajo que será difícil contrarrestar

Amenazas a la educación superior

Dos iniciativas que afectan a la educación superior han surgido en la última semana. Ninguna de las dos ayudará al país ni al estudiantado; tampoco mejorarán la calidad de la enseñanza. Pero sí ganan puntos políticos quienes las han propuesto.
La primera es de la diputada Epsy Campbell, que quiere asegurar que por lo menos el 60% de los cupos en las universidades estatales se guarden para egresados de los colegios públicos. Seguramente se ha dado cuenta de que año tras año los educandos que provienen de colegios privados reciben mejores notas en los exámenes de admisión, mientras que los alumnos de los públicos se quedan rezagados.
Un resultado de esta iniciativa de Campbell, sin duda bienintencionada, es que podrían ser rechazados solicitantes de admisión con mejores notas en los exámenes para permitir la matrícula de estudiantes de menor capacidad académica. En vez de entrar al meollo del problema, que es en muchos casos la deficiente enseñanza en los colegios públicos, la diputada sugiere admitir los de menor calificación, porque, después de todo, “no es su culpa” si el tan costoso sistema manejado por el Ministerio de Educación Pública (MEP) no está dando los resultados esperados.
Protegidos por la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), posiblemente el más militante de los sindicatos del sector público, se sabe que hay en los colegios públicos docentes de matemática que se equivocan al sumar y restar, profesores de inglés que ni hablan ni escriben en ese idioma, y de literatura que nunca han leído “Don Quijote de la Mancha”. ¡Son inamovibles!
Desde el momento en que se rebajan los estándares educativos costarricenses por presiones y motivos políticos, el país entra a un sendero cuesta abajo que será difícil contrarrestar.
Por otro lado el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria (CONESUP) anuncia que quiere controlar lo que cobran las universidades privadas a sus estudiantes. En vez de abocarse a analizar la viabilidad y la calidad de los cursos y carreras ofrecidas por los centros privados universitarios, decide el CONESUP intervenir en lo que pudiera ser popular políticamente. Por supuesto que es totalmente inconstitucional la intervención de este órgano del MEP; las universidades “privadas” tienen todo el derecho de regirse por el mercado en lo que cobran.
Lo interesante es que el CONESUP, institución estatal, no está funcionando como se podría visualizar que lo hiciera. Por un lado no aprueba carreras (solo tres en cinco años) de las universidades privadas y por el otro no investiga a las universidades estatales porque estas son “autónomas.” Las estatales están blindadas contra cualquier iniciativa, por más buena que sea, del CONESUP.
El resultado es que esta institución, con un presupuesto amplio, como tantas del Estado, no está cumpliendo con los objetivos establecidos cuando fuera fundada por la Asamblea Legislativa. Frena a las universidades privadas que quieren abrir carreras nuevas e ingresa al populismo tratando de regular las finanzas de los centros de estudio superior no estatales.

Carlos Denton
cdenton@cidgallup.com

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