Así fue advertido

Puede ser el desencadenamiento de la crisis o la advertencia final. Los títulos de deuda de Costa Rica han empezado a ser mal calificados internacionalmente. Ello se debe, básicamente, al deterioro de la situación fiscal originado en el déficit presupuestario.
Hace muchos años se hacía un chiste tonto acerca del asunto. Se preguntaba “¿Hasta dónde es manejable el déficit presupuestario?” y se contestaba: “Hasta donde sea manejable”.
No ha bastado que el artículo 176 de la Constitución Política preceptúe que “los gastos presupuestos no deben exceder los ingresos probables”. Entre dichos, malos chistes y la obsecuencia de los órganos llamados a poner orden se han aprobado muchos presupuestos deficitarios. Incluso, en colusión con los mismos buscadores de rentas, en múltiples ocasiones se ha apurado la aprobación de leyes para paliar el problema con los famosos paquetes tributarios (a veces bautizados con nombres que camuflan su voracidad e introducen el eufemismo en decisiones que deberían ser claras e inequívocas: “ley para el equilibrio fiscal”, “reforma fiscal”).
El asunto es que la actual Administración y algunos de sus partidarios han sido especialmente desatinados en este asunto. Ha promovido y aprobado un presupuesto con uno de los déficits más grandes de la historia, concomitantemente con un aumento de 50 mil millones de colones para las universidades públicas y un injustificable aumento de salarios en el sector público.
Incluso, la Sala tuvo que reprender al entonces Presidente del Directorio de la Asamblea, por violentar el principio democrático al dar por aprobado un debate de manera irregular y antijurídica.
La receta que tiene a la economía alemana como una de las más estables y fuertes está basada en la racionalidad del gasto público. Hay otras economías que se mantienen bien gracias a que además han sido claras en mantener bajos los impuestos.
El problema es que el equipo actual no solo incumple la Constitución con su modo de presupuestar, sino que también se pone a discutir con las calificadoras internacionales de riesgo y su imaginación no va más allá de poner impuestos y camuflar un paquete de arbitrariedades jurídicas (confiscaciones, malas notificaciones y embargos administrativos) con el nombre de ley contra el fraude fiscal.
La economía se desacelera, no hay cara para promover las inversiones luego de un impresentable e innegable discurso contra los empresarios y la inversión extranjera, el gasto público no parece ser ordenado (FIA o FIASCO, más de mil empleados del MEP con aguinaldo doble, helicóptero a domicilio) y todas las esperanzas puestas en un paquete tributario, sin tener siquiera una buena presencia legislativa.
¿Necesitarán más evidencias para ponerse a recortar el irracional gasto público o seguirán dando culto a la estulticia?
Es imperativo reducir el gasto público y hay que hacerlo de manera inteligente, oportuna, significativa y ejemplar.

Federico Malavassi

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