¿Qué hacer para impedir estos asaltos al erario público? Ir a estrados judiciales en procura de la nulidad de la concesión a OAS y cambios a una legislación que demanda reformas de fondo que impidan el expolio

De cal y de arena

Concesiones, amores que matan

OAS le compra a Autopistas del Valle el contrato de concesión para “maquillar” y explotar la carretera San José-San Ramón. Pide por ese “peaje” $34 millones y pretende que el Estado se los reembolse, dado el evento de que con él convenga en dejar sin efecto el contrato al que llegó a figurar como parte sin haberse sometido a los procedimientos licitatorios de rigor, simplemente por la gracia de los agravios jurídicos y financieros que hace posible una legislación que está demandando a gritos reformas de fondo que impidan el expolio.
Ayer el asalto sobre los recursos públicos se dio con la concesión para gestionar la reconstrucción y administración del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría: el negocio pasó de los bolsillos de ALTERRA a los de HASDC y por ese tránsito el país debe soportar un gravoso peaje: trabajos cuyo costo inicial rondaba los US$200 millones luego se brincaron la barda de los US$1.100 millones.
Viene la ruta San José-Caldera a acrecer la nómina de la desvergonzada gestión política y administrativa evidenciada en un tortuoso proceso que va del contratista original Cartellone, sustituido después por Lavalin, a Autopistas del Sol, hoy comensal privilegiado del banquete.
La prostituida legislación sobre concesiones es protagonista de un nuevo escándalo a propósito del contrato otorgado inicialmente a Autopistas del Valle y cedido más tarde a OAS, provisto de un cúmulo de abusivos privilegios y ventajas de una dimensión tal que ha provocado la ira popular y ha pegado al gobierno contra las cuerdas. ¿Qué hacer para impedir estos asaltos al erario público?
En lo inmediato ir a estrados judiciales en procura de la nulidad de la concesión a OAS por la lesividad que sus cláusulas causan al interés público y por los vicios que deslegitiman su subsistencia.
Con su pandémica ineptitud política —quién sabe si más bien a causa de compromisos inconfesos— el gobierno se hunde en una desgastante y estéril negociación creyendo que puede alcanzar un precio “barato” y sin entender que ninguna cuantía le será políticamente vendible ante la opinión pública. El proceso de lesividad y la persecución de la nulidad del contrato por sus vicios de fondo es, en cambio, la tarea impostergable que debería imponerse ya.
Y en el mediato plazo, las reformas a la legislación de concesiones para limitar su aplicación solo a obra nueva, para impedir el trasiego de los contratos de un concesionario a alguien ajeno al proceso concursal con perjudiciales resultados para el interés público, como lo demuestra la hoja de ruta acumulada por la Ley General de Concesión de Obra Pública, y para delimitar con refinada precisión los márgenes de cambios técnicos y financieros de la concesión.
Recuerde la maliciosa mudanza del peaje a Pozón de Orotina para “cazar” el tráfico por la vía 34, la generosa extensión a 25 años del contrato del Aeropuerto y el aventón de US$365 millones en la concesión San José-San Ramón.
Falta ver la luz en lo de la terminal de contenedores de Moín.
 

Álvaro Madrigal

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