¿Desproporción en el juicio político?

¿Desproporción en el juicio político?

Costa Rica es uno de los países en que se debate la conveniencia de la judicialización de la política, lo que también podría verse como la politización de la justicia.
Las posiciones son muy diversas e incluyen desde alegar que tenemos hoy una “dictadura de jueces”, hasta ver este proceso normal en una democracia y como parte del control que debe ejercerse sobre los políticos.
Lo cierto es que el país ha visto mucha más intervención judicial en temas que eran de competencia política, como la aprobación de nuevos impuestos, las relaciones comerciales internacionales, la provisión de medicinas en la seguridad social y el permiso o desalojo de vendedores ambulantes.
Ahora, muchos de estos asuntos se someten a la vía judicial por parte de distintos actores políticos sociales. En el fondo, se trata de la tropicalización de los famosos pesos y contrapesos de la doctrina constitucional anglosajona.
¿Se está entremetiendo la justicia más de la cuenta? ¿O será más bien que la falta de liderazgo y capacidad política llevan a este traslado de temas calientes y polémicos al sistema judicial?
Por otra parte, en años recientes se ha vivido un problema de “penalización” de la política, diferente y más dañino que la judicialización. Se le suma, además, la desproporción (¿linchamiento?) a la hora de analizar algunas decisiones o actuaciones de políticos.
Un ejemplo es el caso de la exministra Karla González, quien fue denunciada penalmente por un alud en 2007 (que tristemente mató a 14 personas), en una obra construida en 2004, cuando claramente ella no era funcionaria.
Este año se presentaron los casos de las cartas del vicepresidente Liberman y del ministro Garnier, sumados a los más nuevos cuestionamientos a un grupo de personas que aconsejaban a la señora Presidenta en temas de infraestructura. Estos hechos generan largos, lentos y complejos procesos ante la Procuraduría de la Etica, Fiscalía, comisiones investigadoras y comparecencias legislativas.
¿Cuál es el costo de esta penalización y desproporción? Altísimo.
Primero, porque se financian con fondos públicos.
Segundo, porque paulatinamente amedrentan a los funcionarios, lo que provoca temor, indecisión o concluir con el típico “no se puede”.
Tercero, porque logran que ciudadanos capaces y decentes se alejen del servicio público. Lo último que estos quieren es exponerse social y políticamente a un linchamiento desproporcionado, y además cubrir los gastos de enfrentar denuncias penales e investigaciones legislativas.
Desde luego, cada palo tiene que aguantar su vela. Los funcionarios corruptos deben ser acusados, investigados y condenados. Pero también debemos aplicar un sentido de proporción para no causar más daño a nuestra ya disfuncional democracia ni a las reglas sociales de convivencia. De lo contrario, estamos instigando a desestabilizar el Estado y el capital social.
Al final, alguien tiene que ocupar los cargos públicos. ¿Quién querrá hacerlo? ¿Los mejores? Si seguimos así, lo dudo. ¿Será ese el objetivo detrás de todo esto?

David Gutiérrez
davgutswa@gmail.com