El esfuerzo fiscal podría ser desperdiciado

Fue un gran logro la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas el año pasado. Ese importante ajuste fue necesario para evitar caer en un precipicio fiscal. Pero si no privan el patriotismo, la visión y la fortaleza, el esfuerzo puede haber sido en vano.

Alcanzar el aumento de ingresos pretendido por esa legislación, depende del crecimiento de la economía. Si nuestra economía crece menos de lo previsto no se alcanzará la recaudación necesaria.

Veníamos creciendo a un ritmo ya bajo para poder reducir la pobreza, el desempleo y la informalidad (3,5 a 4% anual). Pero aún con esas tasas las reformas aprobadas al ingreso y al gasto según las estimaciones del BCCR permitirían eliminar el déficit primario en 2021 y estabilizar la deuda pública en 2023.

Desdichadamente esa baja tasa de crecimiento ha disminuido. En 2018 fue solo de 2,6%, este año no creo que llegue al 2% y para el entrante el BCCR la estima otra vez en apenas 2,6%. En estas condiciones difícilmente se alcanzarían esas metas respecto al déficit y a la deuda.

Contrario a lo que muchos creíamos, las expectativas de consumidores y empresarios no mejoraron fuertemente con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Mejoraron en los sectores financieros local y externo, pero en el sector real más bien se deterioraron. Y claro que con la entrada de los impuestos se produjo el predecible deterioro en la demanda agregada.

La caída en el crecimiento de la producción ha sido la consecuencia de esa evolución de las expectativas de los agentes económicos nacionales y de los impuestos. A esas causas se unieron elementos climáticos y de precios internacionales que afectaron la producción agrícola, y también el impacto en nuestras exportaciones de la situación política nicaragüense y del deterioro de la economía mundial.

Algunos de esos factores negativos al incremento de nuestro PIB podrían de nuevo darse en los siguientes años. El debilitamiento de la economía mundial se ha ido agravando, y pudiera responder a una nueva realidad de menor crecimiento. Además de la guerra arancelaria entre EEUU y China, ahora algunas de las naciones europeas han tenido disminuciones en sus niveles de producción. La situación política de Nicaragua no ha mejorado. El calentamiento global afecta nuestra producción agrícola. La frágil situación fiscal y la ineficiencia de nuestro gobierno imponen límites a posibles políticas de reactivación.

La situación se agrava mucho más si no se cumplen a rajatabla las disposiciones de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas para disminuir el ritmo de crecimiento del gasto corriente del gobierno. En 2018 no se hizo una disminución frontal del gasto público, sino que se optó por disminuir su tasa de crecimiento respecto al PIB, para gradualmente lograr el objetivo de poner orden en las erogaciones. Con ese fin se aprobaron limitaciones al aumento de los incentivos y salarios, se eliminaron destinos específicos y se aprobó la regla fiscal.

El acuerdo del gobierno, la CCSS y sus sindicatos, que torpedea esas medidas de restricción del gasto público, debilita el cumplimiento de esas disposiciones. De igual manera afecta la disposición de la Corte Plena de no aplicar esas normas al Poder Judicial.

Esas acciones abren la compuerta a huelgas y manifestaciones de otros sectores para lograr similares privilegios. Educadores, las policías, las municipalidades y hasta funcionarios de la Junta de Protección Social ya han manifestado similares ambiciones. Y, ¿por qué no los demás?

La regla fiscal y las disposiciones aprobadas para limitar el crecimiento de salarios, incentivos y burocracia deben aplicarse muy estrictamente de aquí en adelante. La Sra. Ministra de Hacienda y el equipo económico del gobierno requieren un gran apoyo de la opinión pública y un compromiso real del resto de las autoridades para lograrlo. De lo contrario las medidas aprobadas el año pasado no serán más que un alegrón de burro y un aumento de impuestos.

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