El gota a gota del gobierno

Vladimir de la Cruz vladimirdelacruz@hotmail.com | Miércoles 14 agosto, 2024

Vladimir de la Cruz

Historiador

Hace unos días, el Jaguar de Zapote se refirió a los Rectores de las Universidades públicas como los prestamistas gota a gota, que han creado una red de violencia sobre las personas a las que les dan préstamos diarios, semanales, quincenales o mensuales, de manera que si no pagan las cuotas los agreden directamente o a sus familiares directos, que amenazan de represalias.

Los prestamistas gota a gota se han vuelto objeto de atención pública porque han crecido y han ampliado sus redes criminales de préstamos y agresiones. Eso ha hecho que recientemente se haya aprobado una ley que castiga las extorsiones de este tipo de créditos.

Según el Jaguar los rectores emplean las tácticas violentas de los grupos criminales para cobrar los créditos, tácticas de golpes, gritos, empujones e insultos “cuando no tienen la más mínima razón para demandar” el cumplimiento constitucional del FEES, basado en el Artículo 85 de la Constitución Política. Las Universidades no dan préstamos gota a gota, reciben gota a gota lo que el gobierno les asigna presupuestariamente. El prestamista aquí es el gobierno. El criminal que cobra es el gobierno bajo la modalidad de tratar de asfixiar a las universidades no dándoles los recursos necesarios para su mejor calidad de vida y sobvrevivencia.

Los préstamos gota a gota se caracterizan porque el dinero se da con rapidez e igualmente se cobra con rapidez, con exorbitantes montos de interés, que los hacen casi impagables, con amenazas sobre los afectados. Las universidades lo que hacen es solicitar las gotas a gotas del presupuesto que les asignan, no el que le corresponde constitucionalmente, que se debe exigir.

El Artículo 85 de la Constitución Política fundamenta la asignación presupuestaria, que se debe asignar, para la operación de las Universidades de Costa Rica, UCR, la Nacional, UNA, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, ITCR, la Estatal a Distancia, UNED y la Técnica Nacional, UTN.

La lucha por garantizar a la Universidad pública un buen presupuesto para su mejor funcionamiento se originó en las luchas estudiantiles universitarias que dimos, a principios de la década de 1970, los estudiantes de la UCR, dirigidos por el Frente de Acción Universitaria y la Federación de Estudiantes de la UCR, que demandábamos el 6% del Presupuesto Nacional, para que se equiparara el presupuesto de la UCR con el de la Corte Suprema de Justicia, en esos años, ya que a la Universidad se le daba un 10% del presupuesto de Educación. Esa lucha fue inicialmente propia y única del movimiento estudiantil. Poco a poco las autoridades universitarias se fueron involucrando en la misma asumiendo un papel más importante. Hoy el CONARE, que reúne a los Rectores de las Universidades públicas es el que encabeza esta lucha patriótica a favor de la educación superior pública.

En esos años, el gobierno de José Figueres, 1970-1974, y luego el de Daniel Oduber, 1974-1978, impulsaron la creación de las universidades Nacional, UNA, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, ITCR, la Estatal a Distancia, UNED, lo que llevó a la modalidad de la reforma al artículo 85 constitucional para impulsar el FEES, y garantizar de esa manera el crecimiento natural y el funcionamiento y operatividad de las universidades estatales. Recientemente se sumó a esta situación la Universidad Técnica Nacional, UTN, la última creada públicamente.

Curiosamente, la mayoría de los gobiernos desde entonces han puesto frenos a la asignación presupuestaria que obligadamente impone la Constitución Política, lo que ha llevado a que las universidades y sus movimientos estudiantiles tengan que salir a las calles a presionar por el cumplimiento de la Constitución Política. Con unos gobiernos más que con otros ha habido más interés de quitarle, o restarle, la asignación presupuestaria a las universidades. Parte de esta lucha hizo caer a un Ministro de Hacienda en la década de 1990.

La razón fundamental descansa en que a los grupos gobernantes no les interesa tener universidades públicas sólidas, por el papel que ellas tienen en el análisis e investigación de los problemas nacionales, de la gravedad de los mismos, de la debilidad de los gobiernos en su gestión pública, por la crítica que de ellos se hace, afectando la imagen personal de los gobernantes, por tratar de evitar lo que señalamos en el III Congreso Universitario, de que las Universidades sean la conciencia lúcida de la Patria.

En las décadas de 1970 y 1980, principalmente, hacia las universidades públicas en el continente americano se realizaron, internacionalmente, políticas orientadas a controlarlas políticamente, violando sus autonomías, incidiendo en sus planes académicos y nombramiento de profesores, tratando de someterlas a los intereses de los gobiernos de turno. En el caso latinoamericano fue la política de sujetarlas a los intereses de las camarillas y dictaduras militares que gobernaron la mayoría de los países suramericanos y de gobiernos autoritarios.

Con el actual gobierno la tensión ha llegado al máximo. El Presidente Jaguar se ha empeñado en no cumplir con el precepto constitucional. El movimiento estudiantil y los rectores tienen la razón de luchar por el cumplimiento constitucional del presupuesto para las universidades públicas.

El presupuesto universitario es el que se da gota a gota a las universidades. Los actores criminales, si es que existen, en este gota a gota, es el gobierno de la República, encabezado por el Presidente y su Ministra de Educación. Son los que dan la plata y la cobran con sangre… Por eso la ira de los estudiantes se enfoca contra ellos.

El que ha empleado la modalidad de los insultos, los gritos, las descalificaciones personales, las amenazas, los bajonazos de piso contra personas e instituciones, el lenguaje burlesco e irónico contra sus opositores, es el Presidente de la República, que ha añadido a sus despótricas críticas y desfases mentales, que se expresan en la desvinculación de su cerebro y su lengua, sonidos emanados de su boca a manera de un rugido, que el mismo presidente identifica con el animal jaguar, lo que lo hace de una necesaria observación siquiátrica, cuando forza en su boca un bramido profundo que asemeja un rugido… que no llega todavía a rugido…tal vez a maullido, cuando su gesto se orienta a presentarse como amistoso. Sin embargo, cuando sostiene el maullido pudiera interpretarse como él lo hace, en un reclamo. Como maullido es tan solo para llamar la atención.

El estilo autoritario que está adoptando, ante la opinión pública, solo puede ocasionar una reacción similar contra él…a gritón, gritón y medio, como dice el refrán popular.

La amenaza contra las universidades públicas es reunirse en la Casa Presidencial, en la guarida del jaguar, o no reunirse para discutir la asignación constitucional del FEES. El gobierno no acepta el recinto de CONARE, porque allí llegó una representación de estudiantes, que presionaron a la Ministra de Educación haciéndole ver su inconformidad. Los estudiantes pueden ir a cualquier lugar donde se reúnan las autoridades gubernativas y las universitarias. Eso nadie lo puede impedir. Se pueden establecer bloqueos de calles que impidan la cercanía de los estudiantes o grupos sociales, como se hace a veces.

El jaguar cuando se desplaza en su jaula rodante lo hace con gran despliegue policial, y abriéndose vía a como sea. En Guanacaste la comitiva de la caravana cuidando la jaula principal era de 17 vehículos, imitando el desplazamiento de los presidentes autoritarios de Sur América. En Zapote, la jaula del jaguar tiene su propio enrejado, lo que impediría la cercanía de los estudiantes al edificio.

También se puede acudir, para la reunión de

Gobierno-CONARE, si así se quisiera, a los edificios de la Corte Suprema de Justicia, de la Asamblea Legislativa, del Tribunal Supremo de Elecciones, donde hay espacios cómodos y seguros, y tecnológicamente adaptados, para quienes participen de esas reuniones, todos con buenas y seguras entradas de vehículos. En estos edificios se puede hacer la reunión de discusión del cumplimiento del Artículo 85 de la Constitución Política. No es de recibo ni vale la amenaza del Gobierno.

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