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El tradicional conflicto del FEES

Analistas Ecoanálisis raquel@ecoanalisis.org | Miércoles 06 noviembre, 2019

Ricardo Carvajal

Analista Económico, Ecoanálisis.

En Costa Rica la lucha por la asignación de los fondos del FEES se ha convertido en parte del folklore nacional. Cada año -casi como una tradición- se desata un enfrentamiento entre quienes están a favor de limitar el crecimiento de la transferencia y los que exigen que la misma alcance (o se acerque tanto como pueda) el equivalente al 1,5% del PIB, en el marco de la asignación del 8% del PIB en el gasto total en educación pública.

Quienes defienden un aumento mayor de los fondos del FEES, argumentan que existe una disposición constitucional para aumentar el gasto en educación pública hasta el 8% del PIB. Sin embargo, como señala la OCDE en su Estudio Económico sobre Costa Rica para el 2018, no existe una razón fundamental para ese objetivo específico. Sin alcanzar esa meta, Costa Rica es el país con mayor gasto gubernamental -como proporción de su presupuesto total- de todos los países de la OCDE. Por lo tanto, la meta es cuestionable, pero se puede rescatar que gran parte de los que la defienden, tienen un interés genuino por fortalecer la educación pública. Por otro lado, gran parte de quienes están a favor de limitar el crecimiento del FEES, están preocupados por mejorar la eficiencia del gasto y contener su crecimiento para sanear las finanzas públicas. Sin embargo, esto no significa que este grupo no valore la educación pública.

Datos del Estado de la Nación, recopilados mediante un cuestionario durante la primera ronda electoral del año 2018, muestran que la gran mayoría de los electores estaba en contra de los recortes al presupuesto de la educación pública. Si bien no se puede sacar conclusiones sobre la posición de los electores con respecto a los recursos FEES, se puede decir que refleja el gran valor que tiene la educación pública para los costarricenses.

Ahora bien, la regla fiscal implementada tras la aprobación de la ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas, dada la delicada situación fiscal, limita el crecimiento del gasto del gobierno. Este año, el desencadenante del conflicto del FEES fue la clasificación de ¢70.000 millones para gasto de capital. Aunque no procede explicarlo aquí, Hacienda se vio en la necesidad de hacer esa clasificación para cumplir con la regla fiscal. Esa situación no cambiará en los próximos años y más bien la regla fiscal se volverá más restrictiva. Esto lleva a plantearse la siguiente pregunta: ¿Es posible aumentar el financiamiento de las universidades con otras fuentes distintas al FEES?

El último Informe del Estado de la Educación contiene varias estrategias de financiamiento y propuestas para mejorar la eficiencia del gasto que surgen de un esfuerzo conjunto con el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC). Aunque en estos párrafos es imposible exponer todas las propuestas, algunas se presentan a continuación.

Rediseñar el modelo tarifario. Actualmente el modelo tarifario de matrícula es no simétrico. Tiene reglas de cobro diferenciadas hacia abajo pero no hacia arriba de la base. En otras palabras, a los estudiantes becados se les aplica un descuento en la tarifa de matrícula de acuerdo a la capacidad de pago de las familias. Sin embargo, se asume que a los estudiantes que se les cobra la tarifa base, tienen la misma capacidad de pago. El modelo debería ser progresivo hacia arriba, para que los que puedan, paguen más.

Eliminar el límite de los 12 créditos que pagan los estudiantes. Actualmente, los estudiantes matriculan en promedio 16 créditos. Cobrar la totalidad de los créditos matriculados, aumentaría significativamente los ingresos de los centros de estudio.

Eliminar el subsidio a los estudiantes que cursen una segunda o más carreras. La lógica de la propuesta es que el estudiante, al completar la primera carrera, tiene la posibilidad de generar ingresos para pagar por su segunda carrera. Sin aumentar el FEES, con esta propuesta sería posible aumentar cerca del 12% el número de cupos en las universidades públicas.

Eliminar el otorgamiento de becas a hijos de funcionarios únicamente por el hecho de trabajar para la institución. Los salarios de los funcionarios y profesores deberían ser un incentivo suficiente para atraer al talento humano.

Revisar la estrategia de regionalización. La relación costo-resultado de la estrategia actual de hacer pequeñas sedes por el territorio nacional ha resultado inefectiva. Se debe repensar la manera de garantizar el acceso a la educación superior para quienes viven lejos de la GAM.

Rediseñar la oferta académica. Se debe crecer en las áreas de mayor innovación que estén alineadas con los nuevos requerimientos de formación del recurso humano.

Aunque algunas de estas propuestas parezcan inviables, el informe señala que tras una encuesta realizada a los estudiantes y funcionarios del TEC, las propuestas tienen un buen ambiente para su aplicación. La comunidad universitaria debe dejar de ver el financiamiento del FEES como un fin en sí mismo y ocuparse por mejorar la calidad de la educación y el acceso de los más pobres con la menor cantidad de recursos posible.

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