Los últimos gobiernos no han querido “meterse” con los autobuseros y reorientar sus concesiones porque son “donantes de campaña” importantes, de muchos recursos

El compromiso del impuesto al ruedo

La prohibición de placa en el centro de la capital es un ejemplo más del Estado costarricense incumpliendo compromisos adquiridos con los habitantes.
Debería eliminarse por el bien de los residentes capitalinos y para los que trabajan en la “zona prohibida.” Ahora que hay otro partido político controlando el Concejo Municipal de San José, ojalá que se oponga públicamente a este programa de restricción vehicular impuesto por el Gobierno nacional.
En los discursos que acompañaron la aprobación del impuesto al ruedo en 1982, los que lo promovieron prometían una mejoría en todas las calles y carreteras públicas del país, para que los vehículos pudieran viajar más rápidamente y con menos riesgos y daños.
El gobierno de Luis Alberto Monge buscaba maneras de inyectar dinero a una economía en trizas y las obras públicas crean muchos empleos; durante su Gobierno sí hubo obras viales financiadas con estos ingresos frescos.
La creación del impuesto también llevaba implícita una promesa de que quien lo pagaba tendría el derecho de usar las calles y carreteras públicas sin limitaciones de ninguna índole. Por supuesto, en situaciones de emergencia —temblores, caída de postes de energía eléctrica, incendios— podría restringirse la circulación.
Pero la prohibición de placa no tiene nada que ver con una emergencia. Se “justifica” porque hay mucha congestión en el centro de la ciudad, creada principalmente por el Ministerio de Transportes.
Esta institución estatal no ha buscado una solución a lo que son las mejores rutas para los autobuses. Una visita al centro de San José cualquier día entre lunes y viernes revela cientos de buses estacionados y vacíos; es su centro de acopio.
Ni el tren ni el tranvía van a resolver este desafío; lo que se necesita es un rediseño de las rutas y la creación de terminales fuera del centro para todas las líneas autobuseras.
Después, en el centro, ahora tan congestionado, solo circularían un par de rutas.
Cuando se aprobó el impuesto al ruedo la propiedad de un vehículo privado fue sobre todo para personas de bastantes recursos; un supuesto de su creación era que un auto es un lujo y los que quieren viajar así, “que paguen.” Pero ahora a merced del mal diseño de las rutas autobuseras, miles de personas con pocos recursos se ven obligados a comprar algún tipo de automóvil para llegar a su trabajo.
Estos pagan su marchamo, el costo elevado del vehículo a merced de otros impuestos, y también una gasolina que es la más cara de la región centroamericana.
En forma arbitraria y permanente el Estado les está quitando el derecho de usar el vehículo un día por semana.
Los últimos gobiernos no han querido “meterse” con los autobuseros y reorientar sus concesiones porque son “donantes de campaña” importantes, y personas de muchos recursos.
Prefirieron imponer una restricción a todos los que tienen auto propio, violando un compromiso adquirido cuando se aprobó el impuesto al ruedo. Al Gobierno nuevo pedimos que quite la restricción.

Carlos Denton

cdenton@cidgallup.com
 

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