El cuento de la inseguridad jurídica

Alvaro Madrigal cuyameltica@yahoo.com | Jueves 02 diciembre, 2010

No es la resolución dictada en sede judicial o administrativa anulando procedimientos y acuerdos adoptados contra ley, lo que crea inseguridad jurídica y espanta al inversionista extranjero.

Al contrario, ella es la mejor constatación de que se está en un Estado que vive la ley y no deja espacios a la arbitrariedad y la impunidad. Más bien, lo que sí disuade la inversión y retarda el crecimiento de una economía en la medida en que el empresario desconfíe de levantar su proyecto sobre arenas movedizas, es el apoderamiento de ventajas y privilegios mediante artilugios ilegítimos.

La sentencia dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo este 24 de noviembre en que cancela la concesión administrativa otorgada a Industrias Infinito, destapa tal cantidad de errores, omisiones y arbitrariedades a lo largo del extenso proceso administrativo que otorgó la concesión, que hace inevitable pensar en la posibilidad de que haya mediado el tráfico de influencias.

Desde requisitos elementales, como la falta del visado del Colegio de Químicos o la no acreditación de un profesional en química, hasta errores crasos de hermenéutica como la declaratoria de interés público y conveniencia nacional para una explotación minera a cielo abierto en momentos en que regía una normativa que impedía hacerlo, los vicios de todo tipo y pelaje imperativamente tenían que provocar la nulidad una vez apersonado un contralor de legalidad con la solvencia e integridad demostrada por el Tribunal Contencioso Administrativo.

Aquí hay políticos, bufetes y empresarios ciegos a esa nueva realidad que impone una sociedad vigilante y dispuesta a presionar para que se detengan los actos contrarios al interés público, se sancione la trasgresión de las leyes y se imponga la reparación del daño. Despotrican cuando el juez declara la nulidad de actuaciones por algo tan elemental como la inobservancia del debido proceso, y anticipan por ello el descalabro de la economía. ¿Despotricarían igual en un caso personal en que se haya atropellado el debido proceso o se haya dado la inobservancia de requisitos fundamentales?

Deberían entender que esta Costa Rica está embarcada en un hondo y vigoroso proceso de cambio para rescatar sus valores, seguramente porque se hartó de tanto latrocinio y de tanta impunidad. Si no ¿para qué Ley 7670, Convención Interamericana contra la Corrupción, Código de Deberes y Normas de Conducta del Servidor Público, Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de los Servidores Públicos, Ley de Idoneidad, Transparencia y Etica en la Función Pública?

El estridente y masivo estallido de júbilo que hubo al trascender la anulación de la concesión para la minera en Las Crucitas, con toda esa elocuente cadena de cancelaciones e implicaciones que llegan hasta personajes de postín, unos, y de callosa cerviz, otros, es elocuente señal de cambio. Ojalá estemos a tiempo de parar el tráfico de influencias (la más sofisticada versión de la corrupción) que masivamente corroe la institucionalidad nacional.

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