Se cambió la ruta (en materia de pensiones) resultando este caos financiero de ominosa perspectiva

De cal y de arena

El monstruo de las pensiones

Camina esta sociedad por la ruta tortuosa y peligrosa que conduce al desfiladero donde pueden perderse instituciones de caro valor para la existencia del equilibrio social y del régimen democrático.
Lo digo ante la cruda realidad que caracteriza el mundo de los regímenes de jubilaciones que se han creado fuera del IVM (¢789 mil millones es su costo en 2015) a la medida de grupos de presión deseosos de satisfacer sus apetencias, desentendidos del principio de solidaridad universal.
Todos —también el régimen de la CCSS— acosados por un grave desequilibrio financiero que se acentúa a medida que los costos de esos regímenes se complican en un contexto marcado por el envejecimiento de la población. La Superintendencia General de Pensiones (SUPEN) lo ha advertido reiteradamente: el que no rectifique el rumbo con medidas de fondo que implican ajustes y recortes quizá dolorosos, irá a la bancarrota.
Una advertencia que rechazan de plano los grupos de presión beneficiarios de los tratamientos diferenciados que montaron con esmerado afán y sin importar su sostenibilidad financiera hacia futuro, quizás especulando con la fatalidad de la variable que conduciría a echar los costos del desequilibrio a las espaldas del fisco cuando esto estalle.
Hoy lo advierte SUPEN pero la premonición también la lanzó aquella comisión integrada por el gobierno en 2002 con ciudadanos de alto civismo para hundir el bisturí en los enredados pliegues del presupuesto nacional.
Su dictamen dijo: “El gasto en pensiones es uno de los mayores disparadores del gasto público. Su crecimiento es desmedido, desproporcionado, inequitativo y abusivo, como resultado de todo un cúmulo de vicios y deficiencias. Numerosos regímenes diferentes, desfinanciados, cada uno con sus prebendas y privilegios, han creado un verdadero monstruo dentro de la estructura del fisco, a lo que se debe agregar el alegre e impremeditado trato que se ha dado a los beneficios, en perjuicio directo de las finanzas públicas”.
Es un cuadro cuasi caótico, resultante de la irresponsabilidad con que los gobernantes cedieron ante los grupos de presión sedientos de privilegios en el trato de edad, años de servicio y aportes, sin medir impactos financieros y políticos, tan graves como que su bancarrota amenazaría el equilibrio social y la institucionalidad republicana.
Los creadores de la CCSS y los Constituyentes de 1949 asignaron la administración y el gobierno de los seguros sociales a la Caja bajo la concepción de que solo el Estado debe velar porque todo trabajador esté protegido por un seguro social denominado pensión.
La lectura de Oscar Barahona Streber, uno de los redactores de la legislación que dio vida a la Caja, y de las actas de la Constituyente en punto al artículo 73 de la Carta Magna, confirman la decisión de centralizar en ella y de modo exclusivo lo relativo a pensiones como lo sentenció el diputado Arturo Volio Jiménez: “Debe ser una sola institución la que abarque todos los seguros”.
Empero, se cambió la ruta resultando este caos financiero de ominosa perspectiva.

Álvaro Madrigal

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