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Elegir quién vive y quién muere

Mauricio París mparis@ecija.com | Miércoles 29 julio, 2020

La CCSS ha emitido unos lineamientos bioéticos para administrar la limitación de recursos médicos y el aumento en la demanda de estos.

Cuando en marzo de este año trascendió la noticia de que la Municipalidad de Liberia había iniciado la apertura de una fosa común para afrontar la pandemia, resultó pintoresca aquella macabra proactividad municipal, en momentos en donde apenas iniciábamos este recorrido que tuvo sus altos, y hoy, sus bajos.

Luego de que el virus salió de control y los casos crecen como la espuma, el número de muertos ha comenzado también a crecer, aunque por suerte con unos niveles de letalidad inferiores a los que se presentan en otros países. Sin embargo, números bajos o no, lo cierto es que, al momento de escribir estas líneas, más de un centenar de habitantes han fallecido víctimas de la pandemia. Desde luego, más morirán, probablemente muchos más.

Como ha insistido el Ministro de Salud, vemos día a día estas muertes como un frío número, si se quiere abstracto, pero ese número se compone por la suma de historias desconocidas de dolor, ansiedad, impotencia y, quizá, también finalmente de liberación. Nos acercamos al punto donde aquella vaga amenaza se comienza a concretar en un conocido, un familiar, un amigo, portadores del virus, o incluso, fallecidos por él.

En este contexto, la CCSS ha emitido unos necesarios lineamientos bioéticos, con la finalidad de preparar la toma de decisiones para los dilemas que vaticina, están a la vuelta de la esquina: elegir quién vive y quién muere. Aunque decía Saramago que la muerte escoge sin avisar, sucumbe uno, leyendo esas páginas, a la tentación de pronosticar cuál será su propio veredicto, si, puesto a elegir, debe el personal médico tomar una decisión de si nos asignará o no ese último respirador disponible.

“En general, se recomienda priorizar a la persona con más años de vida ajustados a la calidad.” De este principio contenido en los Lineamientos se extrae que la edad del paciente no es el único elemento por considerar en la toma de decisiones, sino que se debe priorizar la atención de quien tenga mayor probabilidad de recuperación. Es decir, si una persona de ochenta años, por su condición de salud, tiene mayor posibilidad de recuperarse que otra de cuarenta, que quizá tenga más factores de riesgo, debe priorizarse la atención a la primera persona, aun y cuando otros dilemas éticos surjan, por ejemplo: por edad, la segunda persona quizá tenga hijos en edad dependiente, mientras la primera quizá ya no.

¿Y qué pasa con la voluntad del paciente? ¿Qué sucede si usted no desea ser conectado a un respirador porque prefiere que se asigne a alguien más o simplemente por que es su deseo? Según estos Lineamientos, se debe: “conocer, respetar y tomar en cuenta en el abordaje clínico, los valores y preferencias de los usuarios que específicamente rechazan “medidas invasivas”.” Sin embargo, luego se matiza esta disposición indicando que el país no cuenta con un marco jurídico sobre las denominadas voluntades anticipadas, es decir, aquellas en las que el paciente dispone sobre la no adopción de determinados tratamientos médicos. Entonces, en realidad, no se establece en qué consistirá ese respeto a las decisiones del paciente. No debe perderse de vista que para cada quien, la vida humana es un derecho, no una obligación.

Nos aprestamos a una situación que requerirá gran coraje para el personal de salud, formado y acostumbrado a rivalizar con la muerte con todas las armas disponibles; sin embargo, las armas escasean hoy, el virus nos supera en número. Pero la limitación de recursos y espacios en unidades de cuidados intensivos, no debe implicar la denegación de los servicios médicos que, dentro de las circunstancias, puedan brindarse a aquellos pacientes que no puedan priorizarse. Se debe hacer todo lo posible para garantizar una asistencia mínima, moral y paliativa para aquellos para quienes no se pueda hacer nada más.

En estas circunstancias complejas debemos estar atentos a que no se incurra en discriminación, sea por edad, nacionalidad, condición socieconómica, o cualquier otro tipo. Las decisiones que se tomen deben ser sean guiadas por la evidencia científica disponible.

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