A pesar de que el 90% de la población estudiantil asiste a secundarias públicas, solo el 64% logra admisión en la UCR y un 66% en la UNA

Equidad y universidades estatales

Con el propósito de garantizar el derecho a la educación superior sin discriminación por la condición socioeconómica, la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Epsy Campbell, impulsa un proyecto de ley que propone un sistema de cupos para estudiantes de zonas periféricas y urbano-marginales en las universidades estatales, de tal manera que el 50% de las plazas en carreras de mayor demanda se asigne a los diez primeros promedios de cada colegio público. Es así como propone resolver los problemas de sobrerrepresentación de los alumnos de colegios privados: a pesar de que el 90% de la población estudiantil asiste a secundarias públicas, solo el 64% logra admisión en la UCR y un 66% en la UNA.
No se hicieron esperar las críticas de los rectores de las universidades estatales y las federaciones de estudiantes. Las federaciones indican que podría ser discriminatorio porque los alumnos podrían escoger otras carreras fuera de las de mayor demanda. Bastaría con que los alumnos pudieran escoger la carrera de su preferencia en la universidad de preferencia, y en eso tendrían razón. Doña Epsy sabe que el problema de sobrerrepresentación de estudiantes de las clases económicas más acomodadas se presenta más acentuadamente en las carreras de mayor demanda, como medicina, microbiología, dirección de empresas, ingeniería industrial, eléctrica e informática y derecho, entre otras, y por eso buscaba, no otorgarles cualquier cupo, sino los mejores cupos. Los colegios privados tienen más de dos veces de probabilidad de ingresar a las carreras más populares.
El rector Jensen declaró que “si tenemos a los diez mejores promedios de un colegio, y en ese mismo colegio tenemos a un estudiante con un promedio general que lo coloca en el quinceavo lugar, pero sus notas son superiores a otros diez de otro colegio, entonces ese muchacho quedará excluido”. Tendría razón, y gracias a este mecanismo de selección, se generaría una sana competencia entre los chicos de un centro educativo, lo que a su vez mejoraría el rendimiento académico en todo el centro. Además, haría innecesario que los colegios inflen las calificaciones, como suelen hacerlo, con el propósito de mejorar las probabilidades de ingreso de sus alumnos a las universidades.
De fondo, la oposición contra el proyecto de ley no trata sobre las bondades o desventajas de la iniciativa para garantizar la equidad. Trata del financiamiento del proyecto, que establece un aporte del 0,15% del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) o el equivalente de 600 millones, para la creación de un Programa Nacional de Nivelación (Pronani), cuyo propósito es crear un sistema de nivelación que prepare a los estudiantes provenientes de instituciones públicas para enfrentar los retos académicos en igualdad de condiciones que los de colegios privados. Reclaman autonomía universitaria, y por eso dicen que la propuesta es inconstitucional. Nadie puede decirles a las universidades públicas a quiénes deben o no deben aceptar.

Silvia Castro, Rectora de ULACIT

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