Evasión, despilfarro, impunidad, hipocresía e inoperancia

Distintos medios informativos han hecho eco del informe de la Contraloría en relación con el pago de impuestos de los profesionales liberales.
Entre otros datos alarmantes del informe, se indica que el 56% de los profesionales liberales no pagaron impuesto sobre la renta y los que lo hicieron, fue por montos realmente muy bajos, casi risibles.
Obvio que la situación de muchos de estos profesionales estará de acuerdo con la ley, pero las cifras son elocuentes y es indudable que un gran porcentaje es evasión pura y dura.
Uno podría asumir que los profesionales liberales tienen educación universitaria y por ende son parte de la “elite cultural” del país, pero al mismo tiempo, por su “conocimiento” gran parte de esos profesionales liberales son los que se llenan la boca un día sí y otro también de críticas a nuestros gobiernos, a la ineficiencia estatal y al despilfarro de recursos públicos, eso sí, de los recursos que aportaron los que sí pagaron sus impuestos y no de ellos.
Si bien es cierto se puede criticar al Estado por no cumplir con su parte del contrato social, no hay autoridad moral cuando quien critica no ha cumplido tampoco la suya.
Esto es una verdadera hipocresía, pero no solo de los profesionales liberales, sino que es generalizada a nivel nacional.
No me queda duda de que si los asalariados tuvieran un sistema de declaración similar al de los profesionales se comportarían de la misma forma. ¿Por qué se continúa con estas prácticas y no pasa nada?
La respuesta es sencilla, es la sensación de impunidad que reina en Costa Rica, la cual se deriva en buena parte de la inoperancia de nuestro sistema de recaudación y fiscalización, el cual no se relaciona de ninguna manera con falta de instrumentos legales y de fiscalización que tiene la Administración Tributaria, los cuales ya son abundantes e incluso excesivos.
¿Era necesario que la Contraloría hiciera este estudio para que la Administración Tributaria se diera cuenta de este problema?
La respuesta en un rotundo no. Lo ha sabido siempre y las cosas también siguen como siempre.
Cuando se dio la discusión para que Tributación pudiera acceder a las cuentas bancarias de los contribuyentes con mayor facilidad (incluso a contrapelo de la Constitución Política). Se argumentó que esto era indispensable para atacar la evasión y el fraude fiscal (igual que ahora se habla del registro de accionistas).
¿Qué ha pasado desde ese momento hasta ahora? Curiosamente las estadísticas parecen indicar que más bien la evasión ha aumentado.
La Contraloría también calculó que a 2014 la evasión fiscal por renta y ventas es de unos 1.560.000 millones.
En otras palabras, la Administración Tributaria tiene uno de los campos más fértiles imaginables para lucirse y demostrar resultados, pero en su lugar, la tónica es que lo que piden es más cambios legales, para que tengan más información y facultades de fiscalización, que luego no se reflejan en resultados. La consabida respuesta de la Administración Tributaria… “falta de recursos”.
Soy enemigo de los excesos de gasto estatales, pero en estas circunstancias, ¿no sería más lógico que se esfuercen por fortalecer el área de fiscalización contratando más auditores, por ejemplo?
Si las cifras de evasión son correctas, cada colón de salario tendría un importante efecto multiplicativo.
Si la sensación de impunidad sigue igual, el acceso a cuentas bancarias, el acceso a los beneficiarios últimos de sociedades, los estados financieros auditados, los registros electrónicos de compras, o cualquier otra medida que se tome solo servirán para que los que ya pagan sigan pagando y los que no pagan, sigan no pagando. Pero cuando Tributación audita a un contribuyente, parece que va con la idea de cobrarle todos los impuestos que los demás han dejado de pagar.
¿Se puede esperar que la cultura tributaria de nuestro país cambie espontáneamente?
No mientras la impunidad siga imperando y el Gobierno nos siga dando muestras diarias del despilfarro y exceso estatal. La evasión fiscal es un problema mundial, por lo que no se podría esperar que se disminuya a cero en ninguna parte, pero al menos se podría disminuir substancialmente con un Gobierno que muestre los frutos de los impuestos y la acción dirigida y decidida de la Administración Tributaria.
En estas circunstancias ni los evasores tienen autoridad moral para criticar al Gobierno, ni el Gobierno tiene autoridad moral para aumentar las cargas tributarias de los que ya pagan impuestos.

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