¿La democracia de los malos perdedores?

¿La democracia de los malos perdedores?

Una serie de factores causan grandes ineficiencias en el funcionamiento de nuestro sistema democrático, lo que genera inseguridad jurídica y daña la productividad y reputación del país.
En primer lugar, muchos políticos de nuestra historia reciente han olvidado que, en una democracia funcional, las mayorías prevalecen sobre las minorías.
Cierto, se debe dialogar, negociar y respetar, pero también hay que actuar con responsabilidad y entender que si un candidato es elegido por una mayoría, tiene que poder implementar lo que prometió en campaña, pues esa es la voluntad de la mayor parte del electorado.
Como ejemplo de esta disfuncionalidad del sistema tenemos los casi tres años perdidos por la administración Arias en aprobar las leyes de implementación del TLC DR-CAFTA. ¿Por qué obstaculizar su aprobación si la mayoría del país votó a favor del TLC y en consecuencia de las leyes para implementarlo? ¿Eran necesarios tanto desgaste, pérdida de tiempo y recursos?
Algunos políticos irresponsables han asumido una actitud muy peligrosa para el país: o me dan lo que quiero o impido que se gobierne y, por lo tanto, obstaculizo el cumplimiento de las promesas de campaña y el principio básico de que las mayorías prevalezcan.
Podríamos llamar a esto la democracia de los “malos perdedores”, los que no entienden este fundamento de la democracia funcional: la mayoría gana y que para que ellos implementen sus ideas tendrán que esperar su oportunidad de triunfo dentro del sistema.
Pareciera que el país, y las personas que queremos obras y acciones, somos presa de algunos políticos irresponsables y berrinchudos que no reconocen su derrota en las urnas.
En segundo lugar, como quedó evidenciado con el triste episodio del 1º de mayo en la Asamblea Legislativa, nuestro sistema de elección de diputados y el reglamento legislativo necesitan ser reformados con urgencia. No es posible que sigamos eligiendo los diputados por lista taxativa, con nombres casi siempre desconocidos, bajo un sistema de “todo o nada”. Igualmente, el reglamento legislativo necesita tener plazos máximos para votar un proyecto. Dialoguemos y negociemos, pero votemos. Permitamos que la democracia sea funcional y que las mayorías puedan demandar lo que les prometieron en campaña.
En tercer lugar, el desorden jurisdiccional y el traslape de roles y competencias en el país está en un grado crítico. No se sabe cuál es el papel que vale, la autorización que sirve, o la sentencia que da un caso por finalizado. Nuestra democracia disfuncional permite a diferentes órganos la revisión, una y otra vez, de los actos administrativos legalmente emitidos. Esto puede devengar en suspensiones, o nulidades, de obras y proyectos.
El sistema no cuenta con una verdadera garantía de que una situación jurídica se ha consolidado y de que hay, con certeza, un final. Esto obedece principalmente a un concepto de “interés difuso” sumamente amplio, sin verdaderos filtros previos, por medio del cual una sola persona sin ningún interés directo y en ocasiones ni siquiera actual en el asunto puede detener o impedir la ejecución de una obra. Esto también es causado por la posibilidad de acciones “de oficio” de una serie de entidades como la Defensoría y la Contraloría, muchas veces malentendidas y mal ejecutadas.
Hemos desarreglado nuestra democracia. Con algunas decisiones puntuales podemos volver a permitir que se respete la voluntad de las mayorías y se otorgue al ciudadano certeza en su vida cotidiana.
Como decía Elbridge Gerry, uno de los fundadores de Estados Unidos de América, “los males fluyen con el exceso de democracia”.

David Gutiérrez
david@gutierrezcr.com