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Sábado, 20 de julio de 2024



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“Ley Jaguar” está alineada con la urgencia de un Estado ágil, según empresarios de Cacia

Principios de control para la debida custodia de los fondos públicos no deben reñir con principios de agilidad y eficiencia de la Administración

Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Viernes 21 junio, 2024 10:03 a. m.


Juan Ignacio Pérez, presidente de Cacia. Cortesía/La República.
Juan Ignacio Pérez, presidente de Cacia. Cortesía/La República.


Los empresarios agrupados en la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) consideran que el referéndum que propone el presidente Rodrigo Chaves, denominado “Ley Jaguar para el desarrollo nacional”, está alineado con la urgencia país de tener un Estado ágil.

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El tema que propone el presidente se debe debatir sin temores, analizándolo desde la técnica jurídica, al margen de pasiones ideológicas, de acuerdo con Juan Ignacio Pérez, presidente de Cacia.

Para el empresario, es hora de acabar con “un Estado lento e ineficiente, que se enreda en sus propios cordones” y que hace imposible que la institucionalidad sea puesta al servicio de los ciudadanos.

No obstante, Cacia también señaló que es fundamental garantizar los mecanismos de control y fiscalización que eviten la corrupción y el mal manejo de los fondos públicos en todo proceso.

“La cultura democrática tiene a las instituciones como herramientas para facilitar la mejora en la calidad de vida de las personas y garantizar entornos que aseguren los equilibrios y contrapesos propios de una democracia madura como la nuestra. Esa es una herencia invaluable; no obstante, las instituciones necesarias para la correcta administración del país no pueden asumirse como fines en sí mismas, negando la necesidad de ajustes de la normativa vigente, hacia un mejor funcionamiento, facilitador de la acción administrativa, al mismo ritmo que evoluciona la sociedad”, indicó Pérez.

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La Ley Jaguar para el Desarrollo Nacional que presentó el presidente Chaves en días pasados implica un referéndum antes de las elecciones presidenciales del 2026 y se centrará solo en un puñado de temas.

Se trata básicamente de una reforma de la ley que cobija a la Contraloría General, el desarrollo de Ciudad Gobierno y la Marina y Terminal de Cruceros de Limón. La propuesta de ley modifica la ley de contratación administrativa y aclara normas y competencias de la Contraloría General.

En caso de que la Asamblea no le dé los 29 votos que se requieren para avanzar con la consulta, se hará el referéndum por medio del mecanismo de iniciativa popular, por lo que se buscará la firma del 5% del padrón electoral.

En este caso, el gobierno estaría en una carrera contra el tiempo para avanzar con el plan.

La propuesta ha sido cuestionada por Marta Acosta, contralora general, porque supuestamente reduce la fiscalización.

“El panorama es bastante claro: se quiere quitar y por tanto evadir el control de los fondos públicos en detrimento de la eficiencia y la legalidad en el uso de los recursos que le pertenecen a todos los costarricenses. Calificar de fortalecimiento semejante cosa es pretender que la verdad no saldrá a flote y que nadie verá las intenciones reales de sus proponentes”, dijo Acosta.


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