En Costa Rica no es la administración Solís la única que ha incubado restricciones al libre acceso a la información ni será la última en mal disimular repudio a la crítica

De cal y de arena

Libertad bajo asecho

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) nos ubica en lista negra una vez que en su asamblea general celebrada la semana pasada en Charleston, Carolina del Sur, conociera las quejas y denuncias que desde los nichos del periodismo costarricense se le hicieron llegar por ciertas iniciativas de la administración Solís Rivera que se interpretan como amenazas al libre ejercicio del periodismo, fundamentalmente en sus vertientes de la libertad de prensa y la libertad de información.
Los intentos quedaron en eso, en tentativas, lo cual no bastó para evitar que la SIP fuese alertada de los alcances de un proyecto de ley para abrir la puerta a más pretenciosas regulaciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología en temas como la concesión de frecuencias, la fiscalización de su uso y la apertura de la participación de las radioemisoras comunitarias, la supervisión de los contenidos de la publicidad, la composición del capital social en función de la concentración de los medios en pocas manos, entre otras normativas.
Todo esto en un entorno impropio de un país que se precia de su vocación libertaria, vocación incompatible con los obstáculos al acceso a la información de interés público que manejan los entes gubernamentales y que ha conducido a una como nunca copiosa tramitación de recursos de amparo que la Sala Constitucional ha acogido para virtuosa preservación del derecho consagrado en el artículo 30 de la Carta Magna.
El hecho de que el Presidente Solís crea (como lo expresó en 2008 en un impreso patrocinado por Unesco) que la libertad de expresión se encuentra amenazada en Costa Rica, debería conducir a la apertura de un gran debate sobre la cuestión, despojado de los subjetivismos que han alborotado el cotarro, tanto como para poner en pie de guerra también a la SIP al grado de que en su página web referente a la asamblea general se consigna que “este periodo quedará como uno de los más negros en la historia del periodismo costarricense”.
En Costa Rica no es la administración Solís la única que ha incubado restricciones al libre acceso a la información ni será la última en mal disimular repudio a la crítica.
En una y otra se ha visto desconocer lo que el prestigioso juez estadounidense William Brennan dijo en un histórico caso (New York Times Co. v. Sullivan) respecto a la crítica: “El debate sobre asuntos de interés público deber ser sin impedimentos, robusto y ampliamente abierto; y eso bien puede incluir ataques vehementes, mordaces, y a veces sarcásticamente desagradables contra funcionarios gubernamentales”.
Del mismo modo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Opinión Consultiva OC-5-85) dejó en claro que “la libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho a manifestarse”.
Lo dicho por Brennan y por la CIDH está en la agenda de los temas pendientes de los propietarios y directores de medios propensos a la autocensura y la proscripción de las voces que se salen de su coro.

Álvaro Madrigal

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