El Estado no puede seguir defendiendo su monopolio educativo, ofreciendo educación gratuita a través de un único proveedor estatal

Libertad para educarse y elegir

No existen alumnos promedio; todos son únicos, excepcionales. Por eso, obligarlos a matricularse en un centro educativo “promedio”, a criterio del Estado, genera inequidad e injusticia, al no considerar las necesidades e intereses de aprendizaje de los chicos y las preferencias de sus padres de familia.
Un Estado democrático no puede monopolizar el derecho formador de los padres, ni sustituir a los padres, ni incidir como agente ideológico de los intereses estatales. El Estado, como colaborador subsidiario de los padres, debe promover la pluralidad y la calidad de los centros educativos, para que las familias cuenten con una amplia gama de alternativas a escoger. Además, debe garantizar su derecho inalienable a educar a sus hijos en aquellas instituciones cuyo proyecto educativo concuerde con sus propias expectativas.
Ningún centro educativo es igual que otro y se empiezan a diferenciar desde su concepción del propósito de educar.
Por ejemplo, existen comunidades escolares que sostienen ideologías religiosas y que pretenden inculcar los hábitos y valores que conducirán la vida de los chicos, en concordancia con su fe.
Existen otras que conciben su papel principal como el de educar a los alumnos con las competencias para reflexionar, razonar y resolver problemas. Establecen estrategias pedagógicas que involucran la indagación, la experimentación y la colaboración, desde perspectivas cognitivas y socio-constructivistas del aprendizaje.
En otras instituciones predominan las ideologías de la autorrealización, en las que los docentes consideran que el propósito de enseñar es realzar las calidades, potencialidades y creatividad de cada joven. Porque predomina una visión humanista, valoran la escogencia estudiantil y el aprendizaje auto-dirigido y se enfocan en satisfacer las necesidades e intereses individuales de sus estudiantes con tareas de desarrollo personalizadas.
Los tecnólogos, en cambio, se enfocan en los datos, la medición con pruebas academicistas y la rendición de cuentas, y los racionalistas académicos orientan sus métodos hacia las lecciones magistrales, la memorización, la demostración y la práctica. Finalmente, los reconstruccionistas sociales se esmeran en que sus alumnos se formen como buenos ciudadanos y se responsabilicen por impulsar el cambio social, político, económico y ambiental.
Hay centros educativos eclécticos, que combinan ideologías, y los hay sin ninguna ideología. Pero son los padres quienes deben elegir. El Estado no puede seguir defendiendo su monopolio educativo, ofreciendo educación gratuita a través de un único proveedor estatal y estableciendo múltiples barreras regulatorias que desestimulan la calidad y la competencia por parte del sector privado. Las familias deben poder escoger entre centros educativos, públicos y privados, y utilizar su parte de los fondos públicos que le corresponden por ley, en ejercicio de su derecho a tutelar la educación de sus hijos y el derecho de sus hijos a educarse.

Silvia Castro,
Rectora de Ulacit
 

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