Lo de la C.I.J. fue una fianza moral

De cal y de arena
Lo de la C.I.J. fue una fianza moral

Hace algo menos de un año Costa Rica ejercía en la totalidad de su territorio y con todos los atributos que la conforman, la soberanía. Desde octubre de 2010 y a partir del momento en que el gobierno de Nicaragua consuma la ocupación ilegal de Isla Calero, aquellos kilómetros cuadrados escapan a las potestades soberanas de la República de Costa Rica. Ni en Isla Calero ni en sus predios inmediatos nuestro país puede ejercer soberanía. Está impedido de enviar policías y ninguno de sus ciudadanos, así por la libre, puede desplazarse por allí, aunque en el Registro Nacional de la Propiedad aparezcan sus derechos debidamente inscritos y firmes. Ni siquiera pueden desplazarse hacia esa porción del territorio nacional expertos en protección ambiental si de previo no avisan y coordinan con las autoridades nicaragüenses. Un año atrás, Costa Rica sí podía desplazar hasta Isla Calero a sus maestros y sus cuadrillas técnicas especializadas en infraestructura, agricultura y ganadería. Los propietarios de Finca Aragón podían ejercer el dominio sobre ella y los expertos en la preservación del medio ambiente podían plantar pie por allá sin tener que pedirle permiso al gobierno vecino. Hoy la situación es radicalmente distinta: un pedazo de nuestro territorio está ilegalmente ocupado y la posibilidad de que Costa Rica pueda ejercer ahí las potestades plenas de su soberanía, depende de que a futuro la Corte Internacional de Justicia resuelva a favor nuestro lo que está visualizando (en contraposición con nuestro criterio) como un litigio territorial.
Tomemos, pues, en su preciso ámbito la resolución dictada antier por esa Corte. Su carácter interlocutorio (es cierto) le impidió extenderse a los temas de fondo y debió limitarse a la demanda tica de medidas precautorias dictando que ninguna de las partes puede desplazar militares o policías a Isla Calero ni incurrir en actos que empeoren el conflicto ni enviar a su arbitrio a peritos medioambientales. Empero, la CIJ rechazó dos medidas cautelares solicitadas por Costa Rica: el cese de la apertura del canal artificial en esa isla y detener el dragado del río San Juan. Ergo, Nicaragua podrá dragar en otros sectores lo que, por efecto del comportamiento de las corrientes de agua, puede erosionar orillas y humedales (Laguna Portillo) y agravar de rebote el daño ambiental ya acumulado, como lo recalcaron los expertos en la materia al analizar el pronunciamiento. Así las cosas, ¿cabe la desbordada euforia artificiosamente montada en la Casa Presidencial siendo este un fallo salomónico que ni desmejora nuestra posición ni concede todas nuestras pretensiones ni restablece el statu quo previo a la litis y sí permite que siga el dragado del San Juan? No. Como diría el ex presidente Ulate, la CIJ nos dio una fianza moral.
No sobra preguntar si este atropello a la soberanía materializado en un despojo del territorio, se habría consumado de no haber otorgado nuestro Canciller su asentimiento ante las “garantías verbales” de Nicaragua de que no causaría daño ambiental y si el Ministro de Seguridad Pública no hubiera abandonado la enseña nacional en Isla Calero cuando autorizó al contingente policial a “tomar las de Villadiego”.

Alvaro Madrigal