(Video) Marta Acosta: Ley Jaguar cercenaba fiscalización de la Contraloría
Es la segunda vez que los magistrados declaran ilegal la consulta popular
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Miércoles 02 octubre, 2024 10:07 a. m.
La decisión de la Sala IV de declarar inconstitucional el contenido del referéndum Jaguar que pretendía el presidente Rodrigo Chaves fue celebrada por Marta Acosta, contralora general.
Lea más: PLN sobre fracaso de Ley Jaguar: No podemos normalizar los intentos de legalizar lo ilegal
La funcionaria señaló que el proyecto “cercenaba” las atribuciones de fiscalización de la Contraloría y, por ello, la democracia y la transparencia han salido gananciosas de todo este episodio.
El proyecto de ley, que fue propuesto por el gobierno de Chaves como una consulta popular antes de las elecciones presidenciales de 2026, fue declarado inconstitucional por segunda vez.
La iniciativa se centraba en modificar la ley que regula a la Contraloría General de la República, así como en introducir cambios a la ley de contratación administrativa y en temas relacionados con el desarrollo de Ciudad Gobierno y la Marina y Terminal de Cruceros de Limón.
Para la contralora, la llamada “Ley Jaguar” representaba una amenaza directa a las competencias de la institución encargada de velar por el uso adecuado de los recursos públicos.
“Desde el primer proyecto, la Contraloría ha sostenido que se trataba de cambios normativos que disminuían y cercenaban severamente las competencias de fiscalización de la Hacienda Pública, tal y como lo confirmó la Sala Constitucional en días pasados”, expresó Acosta tras conocer el fallo.
El pronunciamiento de la Sala IV, determinó que el proyecto violaba principios constitucionales al intentar limitar las competencias de la Contraloría y relajar el principio de licitación para la construcción de obras públicas.
“Es así como ha prevalecido el Estado de Derecho, tal y como era de esperar por parte de la Sala Constitucional. La Contraloría General de la República seguirá cumpliendo con su deber, defendiendo el imperio de la ley como corresponde en una sociedad democrática”, destacó Acosta en su declaración.
La resolución de la Sala IV representa un nuevo revés para el gobierno del presidente Chaves, que había insistido en su interés de llevar adelante el referéndum pese a las advertencias de inconstitucionalidad.
