Mordazas sobre la prensa

De cal y de arena
Mordazas sobre la prensa

Sobre el quehacer periodístico puede caer la implacable mordaza del Estado. Pero también la mordaza de la astenia publicitaria y la de sus dueños. Es cierto que la Ley de Delitos Informáticos —mejor llamada Ley Mordaza— se extralimita en sus propósitos y con imprudencia y osadía se aventura a reglar contra los estatutos constitucionales y de derechos humanos temas como el contenido de las informaciones que desnuden aspectos de eso tan vago como los “secretos políticos” o la “infidelidad ética” del funcionario.
La pretensión reguladora de tal ley restringe el Derecho a la Información y a la Libertad de Prensa al penalizar la investigación periodística que gire en torno a infidencias sobre la conducta del funcionario público.
Con sus extremos represivos, surge en medio de un aluvión de denuncias de chorizos y asaltos al tesoro público (más de uno objeto de las investigaciones de la Fiscalía General) que crean escozor e inspiran represalias entre quienes van quedando en cueros.
La desconfianza del grueso de la opinión pública ha percibido la maniobra que se anida en esta ley y ha levantado un polvorín para hacer que los extremos antilibertarios de la ley sean eliminados.
¿Qué hubiera pasado si ese polvorín no estalla? No es audaz pensar que en tal evento los promotores del zarpazo a la libertad de acceso de la prensa a las fuentes informativas se habrían salido con la suya y que en adelante la autocensura, la mano obligada del Fiscal y los intereses económicos y políticos en juego, terminaran atando al periodista y arrastrando a la sociedad al vaivén de los rumores y las tinieblas.
Al frente, los choriceros gozando de los privilegios de la impunidad. Muchos expedientes marcados con el sello de la corrupción, se han abierto por iniciativa de la prensa investigadora. El país ha conocido la gravedad de la corrupción, por esa prensa. Y tiene noticia de la corrosiva y desequilibrante presencia del narcotráfico y del crimen organizado, por esa prensa. Este emprendimiento de los reporteros es necesario, sano y de interés público. Y si bien tengo clara la necesidad de impedir que las leyes se le interpongan, también tengo claro que la denuncia periodística llegará hasta dónde lo quieran el Estado, los intereses de los dueños de los periódicos, televisoras y radioemisoras y los de quienes controlan los presupuestos publicitarios, a resultas de esa deformante concentración de medios que ha aparecido en la que se entrelazan amplios conglomerados empresariales de la prensa y de agencias publicitarias, con vasos comunicantes con partidos y entes gubernamentales.
Estos vastos imperios económicos son, pues, muy vulnerables y su víctima puede ser el ejercicio del periodismo independiente. Valga lo dicho por uno de los grandes del periodismo estadounidense, William Gaines: “Aún sin el fantasma de demandas judiciales, el periodista investigativo debe ser esclavo de la verdad y la precisión”.

Alvaro Madrigal