Es este el derecho (a la información) que soporta una arremetida desestabilizante, no del Estado sino de unos grandes conglomerados empresariales

De cal y de arena

Prensa y democracia

No es la libertad de prensa la que cojea en Costa Rica. Es el derecho a la información el que padece una grave renquera, de vieja data por cierto.
Y no por vocaciones represoras del Estado sino —vaya ironía— por la enfermiza ansiedad de poder de los tres grandes conglomerados mediáticos que deforman la esencia y naturaleza del periodismo hasta convertirlo en mecanismo para la manipulación de la información.
Lamentable es que tan importante cuestión no haya sido abordada a profundidad en los coloquios habidos entre aspirantes a la Presidencia de la República. Solo hubo una temerosa inclusión en la agenda de los interrogatorios a los candidatos en un foro, cuando por los comentarios que hicieron —a mi criterio— dejaron ver poco conocimiento del tema o temor a confrontar los intereses de los medios masivos de comunicación social.
Aquí el Estado no hostiga a los medios por difundir noticias mortificantes para quienes gobiernan. Tenemos mucha legislación y abundante jurisprudencia que resguarda la independencia de una profesión conceptuada de interés público, que anticipa los abusos del poder político y preserva su función social. El derecho a la información —elevado al rango de los Derechos Humanos en distintos tratados internacionales— lo conceptuamos como el derecho a la libertad de opinión y de expresión, incluido el derecho a investigar y a buscar la verdad, a recibir informaciones y a difundirlas, sin limitación de fronteras y sin que motive el exilio.
Es este el derecho que soporta una arremetida desestabilizante, no del Estado sino de unos grandes conglomerados empresariales.
Quien controla la información, tiene poder. Esta definición conceptual está presente en quienes han entendido que para consolidar sus intereses es preciso, ya no un periódico, sino una concentración de medios que actúe como influyente poder fáctico en la configuración del tablero político y económico de la sociedad. De ahí vienen las cojeras en los elementos deontológicos de la profesión: la investigación se torna selectiva, según convenga a los dueños; la búsqueda de la verdad cede espacio; la difusión de los contenidos se sesga; la equilibrada presencia (fairness) de los protagonistas es rara avis; y la autonomía de voluntad del profesional de prensa se relega.
Los efectos negativos de estas prácticas desbordan los ámbitos del periodismo y son particularmente dañosos para la calidad de la democracia, y de muy graves impactos en los procesos electorales.
De estas deformaciones deben ocuparse las fuerzas sociales, los partidos políticos y la academia en el interés de depurar la calidad de la democracia y de parar su caída en picada. Hay que hacerlo sin temor a consignas estereotipadas relacionadas con las corrientes políticas de otros países.
Una sociedad bien informada en la que la disidencia tenga derecho a manifestarse y el periodismo sea vehículo para la libertad de expresión, es una sociedad con contenidos propios de la democracia.
 

Álvaro Madrigal

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