Las U públicas, lejos de ser responsables de la situación fiscal, siempre han elevado su criterio sobre las medidas tomadas durante la última administración Arias que dispararon el gasto público

Entre las aulas y las calles

Presupuestos y universidades públicas

Nos hallamos nuevamente en medio de la discusión del presupuesto que constitucionalmente el Gobierno otorga a las universidades públicas para su gestión académica. La discusión se ha centrado en qué porcentaje de crecimiento puede otorgar el Gobierno, y de nuevo, varios medios han malinformado al respecto, obviando temas relevantes. Acá rescato algunos:
Las U públicas son motor del desarrollo social, científico y tecnológico. Durante décadas han formado a los mejores profesionales y académicos del país, generando conocimiento y aportando a la discusión nacional. Son referentes en prácticamente todos los campos y poseen alta credibilidad. Su labor no va hacia el lucro, sino hacia el desarrollo integral del país. Su calidad académica tiene reconocimiento internacional.
Por ejemplo, la UCR es la única universidad del país que se ubica entre las mejores 500 del mundo.
La masa salarial de la UCR no supera el 78% de su presupuesto. Si bien, hay inequidades y aumentos vegetativos a lo interno qué resolver, hoy día la UCR sigue manteniendo una masa salarial saludable, sostenible y deja espacio para invertir en su propio crecimiento.
Es falso decir que la UCR dedica menos del 10% de su presupuesto para becas. Para becar a un estudiante se requiere mucho más que solo alimentación, alquiler y transporte. Lo más sustancioso de su beca es tener docentes, aulas, laboratorios, materiales y servicios. Cada profesor, asistente, misceláneo, administrativo, odontólogo, trabajador social, edificio, equipo y materiales de laboratorio que la Universidad incorpora significan más estudiantes que puede becar. En suma, las U públicas tienen el doble de estudiantes de los dos quintiles más pobres que en instituciones privadas.
Hoy día sigue sin cumplirse el mandato constitucional del 8% del PIB para educación. Es necesario mantener un aumento cada año para alcanzar dicha meta. Durante años las universidades fueron desfinanciadas y comprometieron su solidez. Desde que el FEES se negocia en convenios es que su presupuesto ha venido en recuperación.
Las U públicas, lejos de ser responsables de la situación fiscal, siempre han elevado su criterio sobre las preocupantes medidas que se tomaron durante la última administración Arias que dispararon el gasto público, por ejemplo, y han contribuido al debate y a la propuesta de soluciones sólidas de largo plazo.
Difícilmente las políticas de recorte en inversión en infraestructura, en salud o en educación, son una buena solución para una situación fiscal adversa. Por desgracia, ante grandes presiones, es lo más inmediato de recortar, pero a la vez, lo más costoso para el largo plazo. Durante las dos décadas anteriores ha habido estabilidad fiscal únicamente porque se recortó prácticamente toda inversión en infraestructura. Hoy sufrimos las consecuencias.
En este país se tributa poco y se evade mucho. Pretendemos tener un Estado eficiente como en Suecia con un sistema tributario como el de Guatemala. Sin duda creo que los proyectos de reforma tributaria que ha planteado el Gobierno son necesarios y sería resaltable que las universidades hicieran esfuerzos por que estas reformas sean realidad. Combinar un bajo crecimiento del gasto (menor al del PIB), junto con una política tributaria mucho más robusta, progresiva y efectiva son sí soluciones saludables para afrontar el elevado déficit fiscal, sin que ello implique consecuencias negativas para el país como reducir los presupuestos en educación.

Alejandro Madrigal

Expresidente de la Feucr
 

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