Un 53% de los ¢11,5 billones será financiado con ingresos y 43% con deuda
Programas sociales se afectarían en el 2022 por ajustar presupuesto a la regla fiscal
Revisar y modificar esta ley en tiempos de pandemia es la recomendación que hacen los economistas
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Miércoles 01 diciembre, 2021
La aplicación de la regla fiscal para el 2022 provocaría que muchos de los programas sociales de las familias más vulnerables reciban menos ingresos por parte del Gobierno, lo cual, preocupa al Ministerio de Hacienda y a los diputados que se opusieron.
La próxima administración deberá analizar cómo lo solucionará, si presentan al Congreso presupuestos extraordinarios o si se adecúan a nivel interno de cada una de las instituciones partidas específicas para que los efectos negativos no se perciban.
Menos presupuesto para el Patronato Nacional de la Infancia que afectará la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil y a los centros de cuido (Cidais), así como los fondos del programa Avancemos y las pensiones del Régimen No contributivo de la Caja, son algunos de los efectos que preocupan sobre todo a los legisladores que votaron en contra del presupuesto de la República.
Las críticas más fuertes en el marco de la discusión vinieron de Paola Vega y Shirley Díaz, diputadas independientes, sin embargo, los seis votos en contra provienen de Walter Muñoz del Partido Integración Nacional, Jorge Fonseca de Liberación Nacional, Harllan Hoepelman del bloque Nueva República, José María Villalta del Frente Amplio y Pedro Muñoz del Partido Unidad Social Cristiana.
La rebaja también se aplicaría para el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) por ¢21 mil millones a las municipalidades para la atención de obra pública, así como el recorte del presupuesto asignado a distintos ministerios para brindar más recursos al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).
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En el caso particular del Ministerio de Hacienda, se realizó una rebaja de ¢6 mil millones, la cual tendrá un impacto significativo en la operación de los sistemas informáticos de Hacienda y por consiguiente en el sistema aduanero TICA (para las declaraciones de aduanas, registro de las importaciones y el registro de las exportaciones, entre otros).
Los presupuestos ya venían ajustados de cada una de las instituciones para cumplir con la regla fiscal que es un límite de crecimiento al gasto del presupuesto nacional y los órganos del sector público no financiero.
Cuando se aprobó esta ley se pretendía contener el crecimiento de gasto corriente, sin embargo, no fue pensada para que viniera una crisis económica producto de una pandemia.
“La regla fiscal no se diseñó para aplicarse en un entorno de crisis, lo que podría complicar la recuperación económica del país al extender su aplicación a los gastos de capital en el 2022. Es importante someter la regla a una serie de ajustes que permita un crecimiento racional del gasto y que deje de ser un instrumento de reforma implícita del Estado”, destacó Greivin Salazar, economista del Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional.
El proyecto aprobado para el 2022, asciende a los ¢11,5 billones, el 52.8% será financiado por medio de ingresos corrientes y de capital y el restante 47.2% proviene de financiamiento externo.
Seguir aplicando la regla fiscal a la educación también preocupa al economista de la Universidad Nacional ya que el gasto para educación bajará el 6% del Producto Interno Bruto en el transcurso de la próxima administración, en medio de todos los problemas existentes y de infraestructura que existe en el sistema educativo.
En el país, existen más de 40 programas sociales enfocados a las poblaciones más vulnerables, sin embargo, los niveles de pobreza no disminuyen.
“Es complicado aplicar la regla fiscal, pero más complicado aún que no se inviertan como se debe para disminuir la pobreza, no es una tarea matemática sino de cómo se distribuyen los recursos, de eso nadie habla y tener menos ayudas repercutirá en mayores índices de seguridad”, concluyó Daniel Suchar Zomer, analista financiero.
Recuadro1
Partidas recortadas
Se aprobó un presupuesto de ¢11.5 billones para el próximo año pero se aplicaron por parte de los diputados recortes en partidas específicas:
-Recortes al Ministerio de Educación Pública por ¢22.900 millones para el programa de becas Avancemos y Crecemos
-¢12.600 millones a Juntas de Educación
- ¢11 mil millones a los programas de transporte estudiantes
-¢6.400 millones a los programas de comedores escolares.
-También, se necesitan otros ¢20 mil millones para financiar aguinaldos y pensiones del Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
-En el caso del fondo de subsidios para la vivienda del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) se le recortan ¢15 mil millones.
- ¢52 mil millones al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) que provienen de una ley que traslada recursos para financiar el programa de la Red de Cuido.
Pie de foto:
“Es complicado aplicar la regla fiscal, pero más aún que no se inviertan como se debe los recursos para disminuir la pobreza”, concluyó Daniel Suchar Zomer, analista financiero. Archivo/LA REPÚBLICA.
