Expertos se mantienen a la expectativa sobre decisión que tomen las autoridades en junio próximo
¿Prórroga o licitación de frecuencias? Futuro de TV y radio en Costa Rica es incierto, según expertos
Solicitud para extensión de contratos fue presentada el año anterior por concesionarios
Andrei Siles asiles@larepublica.net | Lunes 08 enero, 2024
La decisión que tome el Poder Ejecutivo de cara al vencimiento de los contratos vigentes para la explotación de frecuencias de radio y televisión en junio mantiene ocupados a diferentes miembros del sector y analistas, quienes esperan que impere la seguridad jurídica en tan trascendental circunstancia.
“Los operadores presentaron las solicitudes de prórroga en tiempo, ya tienen un año de haberlo hecho, sin embargo, este es el momento en que el Estado costarricense no ha dicho que va a hacer a falta de cinco meses del vencimiento de las concesiones”, explica Edwin Estrada, consultor en telecomunicaciones.
Ante este panorama de incertidumbre sobre si se resuelve la extensión de las concesiones, o si el Gobierno tomará el camino de la licitación, persisten algunos nublados como cuál sería el plazo de las nuevas concesiones, esto a la luz de un estudio de mercado solicitado por las autoridades rectoras a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), ya remitido de vuelta al Ejecutivo.
“A falta de esta certeza, los posibles oferentes no pueden hacer un modelo de negocio de cara a participar en una eventual licitación. Por estos y otros factores es importante que se establezca formalmente la ruta a seguir en este tema, porque si bien es cierto el Gobierno estaría valorando una prórroga de seis meses, sin embargo, no hay ninguna norma que sustente eso”, añade Estrada.
Lo cierto del caso es que, al llegar junio, sin resolverse ni la prórroga ni establecerse la posibilidad de una eventual licitación, un hecho sin precedentes ocurriría en el país como sería el apagón de las señales abiertas, a pesar de jurisprudencia existente sobre la importancia de la radio y TV accesible para todos, por respetarse, a través de ellas, otros derechos fundamentales como las libertades de información y expresión.
“Se ha insistido en una presunta asimetría entre lo que se paga por una frecuencia al Estado y lo que ganan las empresas que explotan esos servicios, cuando es claro, que lo primero obedece a un impuesto que solo puede ser modificado por la Asamblea Legislativa por la reserva de ley y lo segundo corresponde a un castigo por el éxito en la explotación de contenidos”, opina Juan Manuel Campos, presidente de la firma Ciber Regulación.
En este sentido, considera el analista, se tiene que tomar con urgencia alguna medida, siendo la prórroga lo más “justo y coherente al amparo de los contratos ya firmados”.
Con ellos coinciden Saray Amador y Andrés Quintana, presidentes de la Cámara Nacional de Radio y Televisión, así como de la Cámara Nacional de Radiodifusión, respectivamente, quienes confían en que se dictamine la prórroga solicitada y se continúe garantizando el acceso libre y gratuito a estos medios electrónicos de comunicación.
La posición de las autoridades
En el marco de la introducción del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF), en junio pasado el Gobierno anunció una serie de acciones de cara al vencimiento de las frecuencias de radio y televisión
- Solicitud a la Sutel de un estudio de factibilidad para determinar, eventualmente, poner a concurso dichos bienes demaniales del Estado
- Generar un proceso de actualización y ordenamiento en el sector, en donde se incluyan las frecuencias de radio y televisión, garantizando la continuidad del servicio para los usuarios finales
- Buscar el óptimo aprovechamiento del espectro radioeléctrico en un entorno de seguridad jurídica para los concesionarios
- Garantizar un proceso participativo basado en decisiones apegadas a la técnica y a la ciencia, y bajo principios de legalidad e igualdad como orientadores que aseguren la pluralidad y el fortalecimiento del sector
