¿Qué pienso del Proyecto de Ley de Datáfonos?

Gerardo Corrales gcorralesbrenes@gmail.com | Jueves 22 agosto, 2019

La redacción del proyecto de ley está llena de una serie de sesgos ideológicos y falsedades sobre el negocio y sistema de medios de pago con tarjetas.

Si bien es cierto estoy de acuerdo que debe acabarse con cualquier tipo de cartel que establezca pisos o precios distorsionados, no siempre lo que se describe como adecuado u objetivos a lograr es lo que termina sucediendo en la práctica.

En especial si lo que se propone es una intervención directa del Estado en los mercados, los cuales deberían operar en libre competencia tal que los clientes tienen la opción de elegir aquellas opciones de mejor calidad y precio. Por tanto, las autoridades como el MEIC, COPROCOM u otras, deben primero analizar en detalle las causas que evitan que los mercados funcionen libremente en lugar de optar por opciones de intervención que técnicamente está demostrado que la fijación de precios máximos conducen a exclusión especialmente de aquellos más pequeños y menos rentables.

La bancarización con tarjetas tiene costos y riesgos que de no ser definidos y analizados con conocimiento de causa, podría más bien la intervención en los mercados, ocasionar un efecto contrario a lo que supuestamente los legisladores promotores, pretenden lograr.

El proyecto es injusto en no reconocer que Costa Rica es uno de los países que ha logrado penetrar más el pago electrónico en detrimento del uso del efectivo, mejorando la eficiencia, reduciendo los riesgos y tiempos de las transacciones. Este tema ha sido abordado objetivamente por el Banco Central, especialmente por el Departamento del Sistema de Pagos y su Director Sr. Melegatti.

Por el contrario, el proyecto se sustenta en tres falacias:

1. Que la reducción supuesta de comisiones beneficiará a los consumidores.

En otros países donde se han implementado topes a este tema, la evidencia empírica demuestra que las reducciones de comisiones se traducen en mayores márgenes de utilidad en favor de los comerciantes, especialmente de los grandes y no se traducen en menores precios a los consumidores.

Mi recomendación es que de alguna forma, el MEIC debe encargarse de asegurar e incluso en coordinación con la Cámara de Comercio, mayor promotora de este proyecto, en realizar estudios periódicos y por sectores de comercio, para asegurarse que hay reducciones efectivas de márgenes de utilidad, de lo contrario, lo único que se habrá logrado es trasladar una fracción de los supuestos beneficios anuales de US $ 175 millones en favor de los intermediarios y por regla de Pareto, concentrados en pocas manos.

2. Que este proyecto es una herramienta para reactivar la economía; facilitar la forma de hacer negocios y reducir los costos para las pequeñas y medianas empresas.

Ignora el proyecto que los bancos emisores y adquirentes asumen una serie de costos operativos; riesgos de fraude y pérdidas por incobrables; costos de manejo del efectivo así como de inversiones en sistemas de información multimillonarias para lograr que los comercios reciban en tiempo real las ventas que realizan con medios electrónicos.

Fallar en la fijación de las nuevas tarifas puede desestimular a los bancos a seguir profundizando tanto en la afiliación de comercios como en la emisión de plásticos para los consumidores. La alternativa entonces para los clientes es empezar a hacer un uso más intenso del efectivo, con lo cual se pierde la trazabilidad fiscal de las transacciones, lo cual el proyecto no menciona absolutamente nada de cómo hoy sin ningún costo, los bancos adquirentes le trasladan al día siguiente y sin costo, un porcentaje relevante de la recaudación del impuesto de ventas y adelanto del impuesto de renta al Ministerio de Hacienda.

A su vez, las mipymes podrían ser grandes perdedoras, pues a menores pagos con tarjetas de crédito, va a significar la necesidad de otorgar crédito a sus clientes; comprometer capital de trabajo que hoy reciben de contado así como costos administrativos de cobranza y riesgo de pérdidas por incobrabilidad, incluyendo el riesgo de vender menos.

Menor estímulo al débito, en donde hoy menos del 30% de la facturación de los consumidores en el país se hace por este medio, puede generar un retroceso en los procesos de bancarización y eficiencia del sistema de pagos. De hecho, tampoco el proyecto menciona nada que el uso del efectivo en el país tiene costos operativos estimados por el Banco Central en cerca de US $ 500 millones anuales.

Por tanto, no hay ninguna garantía que este proyecto genere un efecto positivo en la reactivación; facilidad de hacer negocios así como reducir los costos de las mipymes.

3. Que los niveles actuales de las comisiones del país, los cuales no están sustentados en una cifra válida y objetiva, sino que salen de una encuesta de la misma parte promotora del proyecto, Cámara de Comercio, se establecen en un rango del 4% al 5%, las cuales son mucho más altas en comparación con otros países.

En mis tiempos de banquero, durante el año 2015, las comisiones promedio de afiliación eran cercanas al 2.8%.

Hacer comparaciones directas de costos de débito y crédito con otros países, sin hacer consideraciones de volúmenes de facturación con tarjetas; tamaño de los tickets promedio; frecuencia de la facturación, estructura de facturación por tipos de comercio; densidad bancaria; tamaño de los mercados, es como comparar papas con mangos y por tanto, no es justo ni equitativo realizar dichas comparaciones directas, solo con un fin populista de pedir precios más bajos.

Es como ponerse a comparar los precios de los vehículos; electrodomésticos u otros bienes con otros países y exigir con base en eso, establecer precios máximos sin mayor justificación técnica.

Sobre exposición de motivos

1. Las definiciones de comisiones de afiliación, adquirencia y emisión son correctas

2. Las comisiones de adquirencia no solo se dedican a cubrir costos operativos y de transacción electrónica. Ignora el legislador que uno de los costos más importantes es el de riesgo de fraude de los comercios que desaparecen así como la inversión millonaria en sistemas y equipos que se tiene que hacer para garantizar que las ventas con tarjetas se realicen y acrediten al comercio en tiempo real.

3. El dato que las comisiones de afiliación se encuentran en su mayoría en Costa Rica por encima del 4% no es cierta y no se sustenta en ningún estudio serio.

4. Es cierto que las comisiones de débito y crédito hoy son iguales y siendo que los riesgos en la segunda son mayores, si debería haber una diferencia de comisiones según el producto

5. El acuerdo de comisiones piso para gasolineras; supermercados, servicios públicos y otros comercios si existe y como tal, es lo que debería romperse promoviendo una mayor competencia y participación de intermediarios, tanto de adquirencia y emisión, pero no con topes, sino poniendo a los bancos del Estado a meterse con mayor agresividad en este negocio para que los comerciantes tengan la opción de elegir y escoger entre las mejores opciones de precio y calidad de un mercado libre

6. El que los pagos con tarjeta de crédito y débito hayan proliferado en el país es cierto, mas no la conclusión que eso explica el por qué los precios a los consumidores sean mayores. Acaso el proyecto hace mención a todos los costos operativos; de manejo de efectivo e incobrables que las tarjetas le permite eliminar a los comerciantes. Además, acaso el proyecto establece ningún considerando para garantizar que la supuesta rebaja de comisiones se traduzca en menores precios al consumidor final?

7. El establecer como referencia que en algunos casos, el pago electrónico representa el 97% de las ventas de un negocio, distorsionando el precio de los productos y el deterioro de la competitividad no se demuestra con ningún estudio. Cómo serían los costos de estos negocios si todo el pago fuera en efectivo? Y además, cuántos impuestos dejaría Hacienda de recaudar bajo ese escenario?

8. El mencionar como dato que conduce a sesgar en contra de los bancos que se ganan US $ 195 millones por este negocio no es una conclusión per se que permita concluir que es una distorsión anti competitiva. Acaso los comerciantes están dispuestos a divulgar cuántos son los millones que se ganan a costas del excedente del consumidor al ser la mayoría de sus mercados no de competencia perfecta. Todo depende el cristal con que se mire, pero la pregunta es si el legislador y sobre todo uno de ellos que ya pasó por el Ministerio de Economía y evidentemente no hizo nada para corregir estas situaciones, está tomando las medidas necesarias para exigirle al MEIC o a la Coprocom que garantice que la revisión de estas tarifas no vaya a quedarse en los mismos grandes comerciantes que promueven este proyecto y no en precios más bajos al consumidor.

9. Un estudio más serio, técnico y objetivo de la Cámara de Comercio, hubiese hecho un análisis según tamaño del comerciante, bajo dos escenarios; ventas con tarjetas y ventas solo en efectivo, para transparentemente visualizar cuáles son los costos operativos; de manejo de efectivo y de pérdidas que el negocio de tarjetas les permite ahorrarse. O bien, cuántas ventas podrían dejar de darse si el nivel de crédito que hoy se otorga por los bancos emisores a sus tarjetabientes, se tiende a reducir. No todo lo que brilla es oro.

10. Hay que exigirle a un ente técnico que haga una comparación sobre el nivel de bancarización con tarjetas de Costa Rica con Brasil, México, Argentina que el legislador propone en los considerando como los ejemplos a seguir. Estoy seguro que nuestros niveles de bancarización en muchos de los casos son mejores que los de ellos y eso tiene consecuencias en otros costos de hacer negocios en esas economías. Las marcas internacionales como VISA, Mastercard están en capacidad de suministrar esas comparaciones objetivas.

Sobre los artículos del proyecto de ley

1. En el artículo 1, como ya se indicó, es incorrecto establecer que la normativa de comisiones de tarjetas aumente la trazabilidad fiscal; en beneficio de comercios; consumidores y Hacienda Pública

2. Artículo 2, las definiciones del negocio de afiliación de comercios son correctas

3. Artículo 3 no toma en cuenta que hay emisores de tarjetas que no son entidades financieras como Credi-Simán; Credix y otros. El ámbito debe ser mayor, toda entidad, financiera o no, que realice funciones de emisión de tarjetas y adquirencia de comercios en el territorio nacional

4. Artículo 4, me cuestiono si corresponde a la Coprocom entrar a definir los porcentajes de comisiones y mejor dejarle esa función estrictamente a un ente técnico como el Banco Central.

Además, el proyecto debe aclarar que no se trata de definir porcentajes puntuales, sino topes máximos tal que se pueda competir y promover incluso niveles de comisiones inferiores de dicho límite.

Finalmente, no se puede establecer un único porcentaje para todos los comercios, pues hay negocios que tienen volúmenes muy elevados y otros bajos. En ninguna industria, los precios se establecen por igual para todos los clientes, existen los descuentos por volumen.

De igual manera los riesgos de pérdidas, fraudes, costos operativos son diferentes dependiendo de la actividad y tamaño del comercio.

Ni los mismos comerciantes establecen precios únicos para todos los clientes.

Es correcto que por menores riesgos las comisiones de débito deben ser inferiores que las de crédito.

La publicación de las comisiones debe hacerse por los bancos adquirentes y no como dice el proyecto por los bancos emisores que no tienen relación con los comercios.

Conclusiones

A pesar de todas las falacias que tiene el proyecto, en lo personal, estoy de acuerdo en que el Banco Central con criterios técnicos, incluyendo costos, riesgos, volúmenes, frecuencia de uso, establezcan criterios de fijación de comisiones de débito y crédito máximas, rompiendo esquemas de carteles o similares, pero con el cuidado de no caer en niveles que reduzcan la penetración de los pagos electrónicos y el norte que lleva el país hacia la eliminación del uso del efectivo y la trazabilidad fiscal de las transacciones.

Sin embargo, sigo creyendo que el ideal es eliminar distorsiones que impiden que haya una mayor competencia para que el mercado funcione libremente, función que evidentemente no ha venido haciendo el MEIC, la Coprocom u otras autoridades, a las cuales hay que llamar a cuentas para exigirles explicaciones al respecto.

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