¿Qué pasa en nuestras cárceles?

¿Qué pasa en nuestras cárceles?

Los acontecimientos del pasado 11 de mayo en el centro penitenciario La Reforma, nos obligan a cuestionarnos seriamente la realidad del sistema carcelario en nuestro país y nos evidencia una vez más la imperiosa necesidad de implementar mejoras.
¿Cómo es posible que delincuentes condenados por delitos violentos tengan acceso a armas, drogas, teléfonos celulares, llaves de sus celdas y facilidades de comunicación?
No podemos justificar estas situaciones en la época que vivimos y con los avances en tecnología y seguridad que se dan cada día.
Nuestro sistema carcelario debe contar con infraestructura tecnológica de primer nivel, como cámaras, alarmas y otros mecanismos que hoy permiten evitar la dependencia de la mera confianza en las personas, que ya vimos para lo que se presta.
Esta apuesta a las mejoras tecnológicas también tendrá un efecto positivo a mediano plazo, ya que llevará a una significativa reducción de los costos de vigilancia.
Pero además de estas medidas es fundamental que los custodios actuales cuenten con armas y otros recursos para que puedan ejercer sus funciones con seguridad y la dignidad correspondiente a este trabajo.
Lamentablemente, las reacciones institucionales luego del intento fallido de fuga de los módulos de alta seguridad, se han enfocado en la investigación y persecución de los oficiales de custodia. A manera de ejemplo, la Defensoría de los Habitantes está concentrada en detectar posibles actos de tortura y toma la palabra de los reclusos como si fuera santa, además de ensañarse contra los oficiales de seguridad. ¿Defensoría de los habitantes? ¿O de los maleantes?
Pareciera que el mensaje es claro: el sistema tiende a estar de lado de los reclusos. Y esto no resulta una novedad, ya que desde hace tiempo vemos con asombro y dolor cómo la institucionalidad del país está volcada a favor de los victimarios y en contra de las víctimas.
Esto tiene que cambiar. Las condiciones de un centro penal tienen que significar un verdadero castigo que obligue a sus inquilinos a pensar en dejar de delinquir. Las celdas y pertenencias personales tienen que ser requisadas varias veces al día, evitando que posean radios, armas, drogas o teléfonos. El reo que insulte, denigre o ataque a los oficiales de seguridad tiene que ser inmediatamente castigado, con el doble de la pena por la condición de oficiales. Finalmente, los reclusos tienen que ser obligados a trabajar en proyectos de interés social.
En este sentido, merece una felicitación aparte el proyecto “To”, que ha logrado poner a trabajar a reos de la cárcel de Cartago de forma tal que se les ayuda a su reinserción social, se les ayuda a ocupar su tiempo en al menos siete horas al día y se les permite la sostenibilidad del núcleo familiar al tener ingresos económicos por su trabajo digno. Bien por esa iniciativa. Tiene que ser imitada.
Desde luego que abogamos por el respeto de los derechos humanos, incluyendo los de los ahora llamados “privados de libertad”, pero también tenemos que exigir la defensa y el respeto para los oficiales de seguridad, quienes nos protegen de antisociales. Es obligación del sistema apoyarlos y empoderarlos. Tenemos que exigir la defensa de las víctimas y de los mecanismos necesarios para su protección y seguridad.
Debemos dotar de recursos, buena paga, entrenamiento, protección, y sobre todo de respeto y dignidad a los oficiales que día a día arriesgan su vida para proteger a quienes sí respetan la ley.

David Gutiérrez