(Video) ¿Se quedarán apagadas las radios y televisoras del país? En dos semanas se sabrá la respuesta
Incertidumbre crece a poco más de dos meses de que finalicen los actuales contratos
Andrei Siles asiles@larepublica.net | Viernes 15 marzo, 2024 10:00 a. m.
Mientras los empresarios de televisión y radio analizan qué acciones tomar ante un eventual apagón de las señales, tal como lo dejó entrever el Gobierno el miércoles anterior, estas mismas autoridades, al parecer, tendrían un ‘as bajo la manga’ del que se desconocía y que anunciaron este jueves para ‘tranquilidad’ del sector.
“Nos hemos visto en la obligación de considerar un mecanismo legalmente viable que permita, en esta coyuntura, asegurar la continuidad de los servicios de radio y televisión, el cual será sometido a conocimiento público a más tardar el próximo 28 de marzo”, prometió Paula Bogantes, ministra de Ciencia y Tecnología.
Esta alternativa anunciada por el Ejecutivo podría ser una prórroga de seis meses, que daría tiempo a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos para conformar el resto de los miembros que hacen falta en la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), y con ello, ejecutarse las acciones necesarias para avanzar con los trámites requeridos por ley.
“Es importante que se establezca formalmente la ruta a seguir en este tema, porque si bien es cierto el Gobierno estaría valorando una prórroga de seis meses, sin embargo, no hay ninguna norma que sustente eso”, dijo Edwin Estrada, ex viceministro de Telecomunicaciones, ante consulta de LA REPÚBLICA.
En medio de este panorama, la Sutel rechazó este jueves cualquier responsabilidad en torno a los retrasos del Ejecutivo para decidir si se opta por ampliar los contratos de concesión, o si, por el contrario, se publica un nuevo concurso, el cual podría tomar años, mientras que las señales abiertas permanecerían inoperativas.
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Esto debido a que no sería posible otorgar permisos de uso en precario (tal como sucedió con la restricción técnica vehicular), dado un criterio de la Procuraduría General de la República que establece la imposibilidad de la Administración Pública para la explotación de estos bienes con un permiso temporal, de acuerdo con los expertos.
