El mercado sabe cuántos taxistas pueden satisfacer las necesidades de transporte, no los concesionarios de taxis, ni los diputados, ni el MOPT ni el CTP

Uber y el derecho a la libre elección

Si creemos que el Estado debe garantizar el bien común para sus ciudadanos, claramente debe liberalizar los servicios públicos de transporte remunerado de personas.
Para justificar la regulación del servicio de transporte público, el Estado puede alegar que busca proteger a los usuarios y no usuarios de los riesgos inherentes al transporte de pasajeros en las calles públicas. Sin embargo, lo que ha sucedido en Costa Rica es justamente lo contrario. El Estado, de forma autocomplaciente, ha permitido que los concesionarios de taxis ofrezcan condiciones laborales precarias a sus conductores, que las unidades se deterioren y que los choferes sean groseros con los usuarios y los estafen con taxímetros adulterados. Para ofrecer condiciones mínimas de seguridad no hace falta controlar el número de concesionarios de servicios de transporte público.
Con una mayor oferta de servicios, se dinamizaría la actividad empresarial. Se generarían más empleos, mejores salarios y condiciones laborales, más calidad en el servicio, mayor inversión y un aumento sustancial en las contribuciones al erario público vía impuestos. Los ganadores seríamos todos los ciudadanos, y no solo los usuarios. ¿Por qué?
Porque se eliminaría la corruptela que se ha generado por años a través del control sobre el otorgamiento de placas como botín político, y se podría reducir el tamaño del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Además la Policía de Tránsito se podría dedicar a realizar funciones esenciales. Si bien es cierto que el Gobierno perdería los ingresos que genera actualmente por concepto de permisos y multas, podría compensarlos reduciendo sus gastos en los salarios de quienes actualmente se dedican a otorgar permisos.
Todos los proveedores de servicios deberían competir bajo las mismas reglas, las reglas del mercado. El mercado sabe cuántos taxistas pueden satisfacer las necesidades de transporte, no los concesionarios de taxis, ni los diputados, ni el MOPT ni el CTP. Todos deberíamos poder ofrecer el servicio de transporte remunerado de personas si quisiéramos, al igual que tenemos derecho a ofrecer servicios de alimentación, de limpieza, de cuido infantil o el que mejor nos parezca. Ya aparecerá una app que nos ayude a calificar los servicios de los diferentes proveedores de transporte público.
Los consumidores estamos claros de que los políticos han buscado legislar a favor de sus propios intereses y en defensa de ciertos grupos de presión, y el pueblo está descontento. La Asamblea Legislativa debe derogar las leyes de Seetaxi y de los taxis rojos, así como el transitorio VII de la Ley Reguladora de los Servicios Públicos, para permitir a los consumidores contratar los servicios de los proveedores que mejor nos parezcan. Todos tenemos derecho a elegir, un derecho fundamental de todo ciudadano en un Estado de Derecho. Existe una iniciativa impulsada por el diputado Guevara que debe ser acogida por los demás diputados y respaldada por todos los costarricenses.

Silvia Castro, rectora de Ulacit

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